Cortesía Presidencia de la República
Secretaría de juez aplaza imputación contra Juliana Guerrero por presunta falsificación de títulos en Fundación San José
En las últimas horas, el juzgado de Paloquemao en Bogotá pospuso la audiencia de imputación contra Juliana Guerrero, exaspirante a viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad, por no presentarse a la cita judicial señalada para este viernes. Guerrero, conocida por su cercanía al Gobierno nacional, es investigada por fraude procesal y falsedad ideológica relacionada con la obtención irregular de su título profesional en la Fundación Universitaria San José.
Según el informe de la Fiscalía General de la Nación, los cargos obedecen al uso de diplomas de contadora pública y tecnóloga en gestión contable subidos al sistema oficial SIGEP en agosto de 2025, pese a presuntas inconsistencias en el proceso académico. De acuerdo con el expediente, Guerrero no habría asistido a clases ni sustentado los exámenes de Estado requeridos por Ley, pero alcanzó a recibir ambos títulos el 1 de julio de ese año y cargó la documentación en trámite de postulación estatal.
En sala, también fue citado Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la Fundación universitaria, sin abogado defensor presente. La falta de asistencia y representación motivó al juez a reprogramar la audiencia, que quedó para el 10 de marzo de 2026, mientras se estudia la solicitud de prisión domiciliaria preventiva remitida por fiscalía.
Los documentos cuestionados fueron anulados por la Fundación en septiembre de 2025, tras confirmarse mediante acta interna que el exdirectivo Gutiérrez facilitó el acceso de Guerrero a los títulos sin haber cumplido las pruebas reglamentarias. Mientras tanto, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza aportó documentos con indicios de facturas de cerca de ocho millones de pesos pagados por Guerrero posterior a la supuesta graduación, y rastrea un patrón en al menos veinticuatro funcionarios con reconocidos cargos públicos que también presentaron diplomas similares y acumulan plazas estatales superiores a mil cien millones de pesos en contratos.
A pesar de las evidencias, Guerrero, de 23 años y procedente del Cesar, niega cualquier delito y argumentó que lo sucedido responde a “temas internos” de la universidad. Denunció por calumnia e injuria a las representantes Pedraza y Juvinao, aunque la diligencia de conciliación judicial debió postergarse en la Corte Suprema. Por su parte, el Ministerio de Educación y la Fiscalía mantienen activa la investigación sobre nuevos posibles casos en la Fundación San José.
