Cortesía Tesla
SIC ordena a Tesla Colombia ajustar su modelo de ventas tras retrasos e irregularidades
La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó a Tesla Motors Colombia S.A.S. modificar su esquema de ventas en línea, ante hallazgos sobre posibles afectaciones a los derechos de los consumidores en el país. La autoridad identificó demoras en la entrega de vehículos eléctricos y vacíos informativos respecto a garantías e infraestructura de carga, situación detectada en la operación a través de la página web de la marca y tras analizar la reciente expansión comercial en territorio colombiano.
El ente regulador realizó una investigación preliminar sobre las actividades de Tesla en Colombia desde su ingreso en noviembre de 2025. En este ejercicio revisó cerca de 23,700 pedidos registrados entre esa fecha y marzo de 2026, además de recibir múltiples peticiones y reclamos de clientes sobre entregas postergadas. Los reportes señalan grados de incumplimiento; al menos 1,800 vehículos solicitados para febrero y marzo de 2026 permanecían pendientes de despacho para el mes de abril, lo que ha puesto bajo la lupa la transparencia en el comercio digital orientado por la empresa.
Como parte de la revisión institucional, la SIC identificó fallas en la información entregada al comprador respecto a los plazos, fundamentos de la garantía y, especialmente, sobre la disponibilidad y cobertura real del sistema de carga tipo Supercharger en distintas ciudades colombianas. Según el organismo, también surgieron dudas sobre las restricciones aplicadas a garantías en piezas como neumáticos y sobre los anuncios emitidos acerca de la infraestructura vinculado a Tesla en el territorio nacional.
La Superintendencia ordenó a Tesla Colombia informar claramente sobre tiempos de entrega, distinguir entre fechas tentativas y definitivas, y precisó reforzar información sobre términos de garantía y adecuar los mensajes relacionados con la red de carga. Además, la autoridad exigió fortalecer canales de atención y adoptar controles para evitar nuevos atrasos. Las decisiones obedecen a lo estipulado por la Ley 1480 de 2011.
