Solo una cuarta parte de las áreas protegidas en Colombia resguarda eficazmente peces de agua dulce
Un estudio publicado el 3 de abril de 2026 concluye que apenas el 25% de las áreas protegidas del país brindan protección real a especies de peces de agua dulce, pese a que Colombia protege con figura legal el 34% de su superficie. El informe advierte que persisten riesgos significativos por gestión deficiente, amenazando a una alta diversidad que supera las 1.700 especies a nivel nacional.
La investigación identificó casos puntuales como el sector caribeño, donde existen 207 especies nativas —equivalentes al 12,1% del total nacional— y alertó sobre cuencas críticas como la amazónica, unas de las más afectadas por las poblaciones migratorias. Los investigadores revisaron ecosistemas de todo el país e integraron datos de monitoreo en zonas como el Santuario de Flora y Fauna Galeras, recabados entre entidades como Parques Nacionales Naturales y la Academia Colombiana de Ciencias.
Las cifras divulgadas confirman que el porcentaje de protección efectiva solo alcanza una de cada cuatro áreas evaluadas. La expansión de Áreas Protegidas avanza desde 2022 bajo directrices de la cartera de Ambiente y del Instituto Humboldt, que impulsa la meta nacional de reserva natural que supera los 34 millones de hectáreas en plataforma marina y terrestre según cifras oficiales. Entidades mantienen reportes activos sobre los cambios en conectividad hídrica debido a represas o reducción de caudales, además de acciones en diagnóstico y monitoreo de biodiversidad.
La presión sobre hábitats acuáticos está ligada a contaminación, sector eléctrico, especies invasoras y sobrepesca, lo que compromete la viabilidad de poblaciones en ríos prioritarios según las Conclusiones del último Congreso Migratorio celebrado en Brasil. Los resultados de campo muestran que cerca del 75% de los sitios supervisados no lograrían mantener suficientes poblaciones animales conectadas; esto coincide con advertencias internacionales sobre la pérdida neta global y evidencia científica en manos de los órganos ambientales del Estado.
