Este lunes 1 de septiembre de 2025, la Superintendencia Nacional de Salud confirmó el regreso de la EPS Sanitas a sus propietarios originales, el Grupo Keralty, tras la anulación de la intervención forzosa decretada hace más de un año.
En abril de 2024, Sanitas fue intervenida por supuestas debilidades financieras que ponían en riesgo la atención de sus afiliados. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante la sentencia SU-277 emitida el 26 de junio de 2025, declaró que ese proceso estuvo marcado por la arbitrariedad y la ilegalidad, vulnerando el derecho fundamental al debido proceso y haciendo temblar la seguridad jurídica del sistema de salud. La decisión judicial invalidó las resoluciones que sustentaban la medida y destacó que la intervención ignoró órdenes previas y no valoró debidamente las condiciones reales de la EPS.
Giovanny Rubiano, superintendente nacional de Salud, anunció formalmente la devolución de la empresa privada en un acto en Bogotá que contó con la presencia del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y representantes del sector hospitalario. Aunque confirmó esta restitución, no ocultó sus preocupaciones: Sanitas enfrenta todavía “serias dificultades financieras” y continúa sin cumplir con requisitos vitales como el capital mínimo, patrimonio adecuado e inversiones en reservas técnicas. “Estos factores ponen en riesgo la atención de los afiliados”, advirtió Rubiano, dejando en el aire la estabilidad futura del servicio.
Esta decisión plantea interrogantes sobre los límites de la intervención estatal en el manejo de entidades prestadoras de salud y la frágil línea entre control y autonomía empresarial.
