La exministra de Justicia Ángela María Buitrago denunció presuntas irregularidades e intervenciones de funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro en procesos de extradición de integrantes de organizaciones criminales vinculados a la política de Paz Total. La exfuncionaria aseguró que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz intervino en asuntos que, según su interpretación jurídica, estaban por fuera de sus competencias y confirmó que puso varios de estos hechos en conocimiento de la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia.
Las declaraciones llegan después de que el Gobierno de Abelardo De La Espriella decidiera hacer efectivas las extradiciones hacia Estados Unidos de cinco integrantes de organizaciones armadas que habían participado en procesos de diálogo durante la administración anterior. Entre los casos cuestionados por Buitrago aparecen Geovanni Andrés Rojas, alias ‘Araña’; Gabriel Yepes, alias ‘H.H.’; y Willington Henao, alias ‘El Mocho Olmedo’, todos relacionados con decisiones adoptadas durante la política de Paz Total.
Uno de los episodios más delicados relatados por la exministra corresponde a alias ‘H.H.’, cabecilla de Comuneros del Sur. Buitrago aseguró que mientras dirigía el Ministerio recibió un concepto negativo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz frente a su extradición y se opuso al considerar que esa dependencia no tenía competencia para intervenir en el procedimiento. Según su versión, ella sostuvo que la extradición debía concederse porque el requerido continuaba delinquiendo. Tras su salida del Ministerio, la extradición fue finalmente concedida, pero su ejecución quedó suspendida mientras ‘H.H.’ permaneciera vinculado al proceso de paz.
Buitrago también recordó la polémica captura en Bogotá, en febrero de 2025, de alias ‘Araña’, de Comandos de la Frontera, quien era requerido por Estados Unidos y tenía circular roja de Interpol. La entonces ministra rechazó que la captura constituyera un supuesto “entrampamiento” contra las negociaciones y defendió que las autoridades simplemente estaban cumpliendo una orden internacional. Su tesis es que la Ley 2272, que sirvió de marco para la Paz Total, no autorizaba suspender automáticamente órdenes internacionales ni extender beneficios a personas que continuaran delinquiendo.
Pero Buitrago fue más allá. Cuestionó decisiones de la Fiscalía que suspendieron órdenes de captura de personas vinculadas a procesos de diálogo —aunque reconoció que algunas fueron posteriormente revocadas— y puso bajo la lupa el caso de ‘El Mocho Olmedo’, al considerar que la Dirección Nacional de Inteligencia no tendría competencia para mantener bajo su custodia a una persona capturada dentro de un procedimiento judicial. La exministra confirmó que trasladó los hechos y los nombres de quienes habrían intervenido a Fiscalía, Procuraduría y Corte Suprema, para que sean esas autoridades las que determinen si existieron responsabilidades.
