Cuatro internos señalados de pertenecer a estructuras delincuenciales vinculadas con homicidios, hurtos y extorsiones fueron trasladados este viernes desde la Cárcel Distrital El Bosque, en Barranquilla, hacia otros establecimientos penitenciarios del país. Esta acción se enmarca en una estrategia conjunta de las autoridades locales y nacionales para evitar que estas personas privadas de la libertad sigan coordinando actividades criminales desde los centros de reclusión.
Medidas para frenar la influencia criminal desde las cárceles
El traslado de los cuatro internos fue confirmado por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien indicó que los reclusos son considerados integrantes de organizaciones dedicadas a diversas modalidades delictivas, entre ellas homicidio, hurto y extorsión. Según las autoridades, aunque están privados de la libertad, algunos reclusos mantienen influencia sobre estructuras criminales que operan en la capital del Atlántico y su área metropolitana. Por ello, se decidió su traslado a otros penales del país como medida de contención y control.
Este movimiento forma parte de una ofensiva más amplia contra el crimen organizado que adelanta la Administración Distrital en coordinación con el Gobierno Nacional. En días recientes se han realizado traslados de grupos de reclusos catalogados como de alta peligrosidad, muchos vinculados a bandas como “Los Costeños” y “Los Pepes”, así como a otras estructuras que habrían convertido las cárceles en plataformas para la extorsión y planificación de delitos en distintas regiones.
Coordinación interinstitucional para fortalecer el control penitenciario
El operativo de traslado contó con el apoyo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la Fuerza Pública, la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial. Estas entidades mantienen acciones coordinadas para desarticular las redes criminales que operan desde los centros de reclusión en Barranquilla. Además de los traslados, realizan diligencias de registro, allanamientos y decomisos de elementos utilizados para actividades ilícitas, especialmente teléfonos celulares y dispositivos de comunicación empleados en esquemas de extorsión carcelaria.
Las autoridades no han revelado públicamente los establecimientos de destino de los cuatro internos por razones de seguridad e institucionalidad. Sin embargo, han reiterado que estos reclusos están siendo enviados a cárceles en otras regiones del país, dentro de un esquema de redistribución que busca romper las cadenas de mando y limitar su capacidad de coordinación criminal desde prisión.
Estrategia integral para recuperar el control y reducir la criminalidad
Esta medida se suma a otros operativos recientes en Barranquilla, donde por orden presidencial se dispuso el traslado de un grupo más amplio de internos señalados de pertenecer a estructuras como “Los Costeños” y “Los Pepes”, recluidos tanto en estaciones de Policía como en centros penitenciarios de la ciudad. Estas acciones forman parte de una política nacional orientada a retomar el control institucional de las cárceles, bloquear las comunicaciones de cabecillas y combatir la extorsión dirigida desde los penales.
Paralelamente, la Fiscalía y la Policía han ejecutado allanamientos en patios penitenciarios como El Bosque, La Modelo en Barranquilla y La Tramacúa en Valledupar, con el objetivo de incautar elementos usados para extorsionar a ciudadanos en diferentes regiones. En estos procedimientos se han decomisado varios teléfonos celulares y otros insumos que contienen información clave sobre las estructuras delincuenciales.
La estrategia no se limita al traslado puntual, sino que incluye medidas adicionales como la rotación periódica de reclusos de alto perfil criminal entre distintos centros carcelarios y el uso de celdas de aislamiento para quienes coordinan esquemas ilícitos desde prisión. Esto busca impedir la consolidación del poder interno y dificultar la comunicación constante con sus redes externas.
Desde la Administración Distrital se ha insistido en mantener una ofensiva sostenida contra las organizaciones delincuenciales sin bajar la guardia frente a estas estructuras. La reubicación de reclusos y el refuerzo del control penitenciario son componentes esenciales para reducir la criminalidad urbana, atacar las finanzas de las bandas y proteger a la ciudadanía frente a fenómenos como la extorsión y el homicidio urbano. La política nacional enfatiza que las cárceles deben permanecer bajo control efectivo del Estado y no ser utilizadas para dirigir actividades criminales.
