La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a tres militares del Ejército Nacional señalados de entregar información reservada sobre operaciones y movimientos de tropas a una estructura del Clan del Golfo, presuntamente a cambio de dinero. Los procesados son el teniente Andrés Felipe Bravo Olaya y los sargentos segundos Jaime Alejandro Sicacha López y José Edier Henao Luna, quienes habrían suministrado datos clave relacionados con las actividades militares en Antioquia y el sur de Bolívar.
Detalles de la investigación y acusaciones
Según la investigación adelantada por la Fiscalía, la red operó entre enero de 2022 y febrero de 2025, período durante el cual los uniformados habrían entregado información estratégica a integrantes del Clan del Golfo, también conocidos como Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Los datos concernían desplazamientos, ubicaciones y operaciones militares, lo que comprometió la seguridad de las tropas y la eficacia de las acciones contra esta organización criminal.
Los militares estuvieron adscritos a unidades con jurisdicción en Antioquia y el sur de Bolívar, específicamente al Batallón Rifles con sede en Caucasia y al Batallón de Infantería de Selva N.º 48 “Prócer Manuel Rodríguez Torices”. Desde estas posiciones, habrían tenido acceso a información sensible que fue canalizada hacia la estructura criminal.
Implicación individual y modus operandi
Uno de los casos investigados ocurrió el 2 de enero de 2022, cuando el entonces subteniente Bravo Olaya habría recibido un millón de pesos mediante transferencia realizada por un militar retirado para obtener datos sobre los movimientos de tropas bajo su mando en Ayapel, Córdoba. La Fiscalía señala que esta información fue entregada a un civil identificado como Mauricio Capiz, beneficiando a las Autodefensas Gaitanistas.
Por su parte, el sargento segundo Sicacha López aceptó una oferta económica para suministrar detalles sobre operaciones en las que participaba, incluyendo despliegues contra el Clan del Golfo en Antioquia. Durante la audiencia, Sicacha López aceptó los cargos imputados y recibió medida de aseguramiento domiciliaria.
Finalmente, el sargento segundo Henao Luna habría recibido dinero tras ser contactado por un suboficial retirado para entregar información sobre los movimientos de la escuadra que comandaba. La Fiscalía sostiene que estos datos fueron usados para anticipar acciones de la Fuerza Pública en zonas controladas por el grupo armado.
Capturas, imputaciones y medidas judiciales
Los tres militares fueron capturados en operativos coordinados entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional en diferentes ciudades: Bravo Olaya en Cali, Sicacha López en Distracción (La Guajira) y Henao Luna en Yopal. En audiencia judicial, un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y revelación de secreto agravado, relacionados con su presunta participación en esta red criminal.
Mientras que Sicacha López deberá cumplir medida domiciliaria tras aceptar cargos, Bravo Olaya y Henao Luna fueron enviados a un establecimiento carcelario para garantizar su comparecencia y evitar posibles obstrucciones al proceso judicial. La Fiscalía mantiene que cuenta con evidencia suficiente para llevar el caso a juicio.
Este caso se enmarca en las acciones del Estado para combatir la infiltración del crimen organizado en las Fuerzas Militares. La entrega de información reservada a grupos armados ilegales afecta no solo la seguridad de las tropas sino también la legitimidad de las operaciones contra estructuras criminales como el Clan del Golfo. A pesar de las imputaciones y medidas adoptadas, los militares investigados gozan de presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial.
