Cortesía Ministerio del Interior
Uso de niños en protesta Emberá generó rechazo en Bogotá tras toma del MinInterior
Un grupo de comunidades indígenas Emberá Katío ocupó el 29 de abril de 2026 edificios pertenecientes al Ministerio del Interior, en el centro de Bogotá, exigiendo reubicación, retorno a territorios y ayudas humanitarias. En el operativo, retuvieron a más de 1.200 funcionarios durante siete horas y usaron menores de edad como protección, lo que generó rechazo de autoridades nacionales y distritales.
Los principales hechos se presentaron dentro de los edificios del sector Bancol y BIP, desde las 9:32 a.m., afectando la movilidad sobre la Calle 26 y en los alrededores de la estación Ciudad Universitaria. Durante la protesta, participaron especialmente mujeres y niños indígenas asentados en la UPI La Florida; según la Unidad para las Víctimas, el 56,3 % de la población en albergues es menor de edad. Las acciones de los manifestantes impidieron la salida de alrededor de 1.500 personas, entre trabajadores y sus familias, Gestantes y varios niños participaron directamente en los bloqueos.
A nivel institucional, la Secretaría de Integración Social identificó aproximadamente 20 niños entre tres y ocho años presentes en los bloqueos. Fueron interpuestas denuncias penales ante la Fiscalía argumentando infracciones al Código Penal por instrumentalizar a menores. El Distrito junto con el ICBF ofrecieron protección inmediata, medida que la guardia indígena rechazó. Además, el Gobierno habilitó un Puesto de Mando Unificado y la Unidad Nacional de Diálogo estableció corredores humanitarios, permitiendo así evacuaciones parciales del personal retenido.
Estas protestas surgen tras mesas de diálogo últimamente celebradas el 16, 17, 20 y 21 de abril, donde la administración atendió demandas previas según los balances reportados. Se estima una población de 2.221 personas de origen Emberá asociadas recientemente a albergues de la capital. Después del operativo, se informó que ciertas familias desplazaron la protesta hacia el Parque Nacional y la Defensoría del Pueblo, manteniendo la alerta institucional durante los días siguientes.
