Colombia enfrenta un aumento sostenido en la violencia contra líderes y comunidades religiosas entre 2023 y 2025, con 36 asesinatos y 18 secuestros o desapariciones registrados, según informó la organización cristiana Open Doors. En el último mes, se documentaron ataques graves, entre ellos el asesinato de una familia de pastores en Aguachica, la explosión de un carro bomba en un templo del Cauca y el secuestro de un pastor en Ocaña.
El panorama es grave en Bogotá, donde la Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia reportó en junio de 2025 que dos de cada diez líderes religiosos han recibido amenazas y el 38,29 % sufrió ataques intencionales contra sus templos. Entre la comunidad cristiana, Colombia es el país más afectado en Latinoamérica y ocupa el puesto 46 en la Lista Mundial de la Persecución 2026.
Los principales actores detrás de esta violencia corresponden a grupos armados ilegales que además reclutan a menores hijos de pastores coaccionándolos bajo amenaza. Estas organizaciones mantienen vigilancia para impedir que los líderes instalados en las iglesias afecten sus actividades, especialmente cuando se denuncian reclutamientos o se llevan a cabo programas de apoyo a jóvenes en riesgo.
Un caso emblemático ocurrió en abril de 2025, cuando siete líderes de iglesias protestantes y sus acompañantes fueron desaparecidos entre los días 4 y 5, y sus restos fueron hallados en un entierro clandestino posteriormente confirmado por la Fiscalía General de la Nación. La respuesta institucional no se ha hecho esperar y varias organizaciones religiosas y de derechos humanos emitieron un «Llamado conjunto a la acción» solicitando al Estado mayor protección para este sector vulnerable y enfatizando la obligación legal de garantizar seguridad frente a estos actores armados.
La presión hacia el Gobierno nacional aumenta, dados los compromisos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, para que se fortalezca el acceso a programas de protección específicamente diseñados para líderes religiosos. Ante esta coyuntura, la ciudadanía debe mantenerse informada y seguir las recomendaciones de las autoridades para mitigar la crisis que amenaza fronteras específicas del tejido comunitario y espiritual en distintas regiones del país.
