El Gobierno pidió trámite de urgencia para trasladar recursos públicos y cubrir obligaciones de Air-e con el mercado eléctrico
El Gobierno quiere trasladar $1,2 billones del presupuesto nacional para evitar que la crisis financiera de Air-e termine comprometiendo el suministro de energía en la región Caribe.
El proyecto presentado al Congreso reduciría $750.000 millones del Ministerio de Hacienda y $450.000 millones del Ministerio de Minas. Los recursos pasarían a la Superintendencia de Servicios Públicos para atender obligaciones con agentes del Mercado de Energía Mayorista.
La urgencia tiene una explicación: Air-e arrastra obligaciones que afectan a generadoras y comercializadoras. Si la compañía continúa incumpliendo sus pagos, el problema podría extenderse a empresas responsables de atender cerca del 40 % de los usuarios del país.
La empresa también enfrenta una cartera morosa estimada en $6,5 billones y alrededor de 700.000 usuarios con pagos pendientes. El dinero que busca el Gobierno no resolvería todo el hueco, pero permitiría aliviar las obligaciones más inmediatas.
El proyecto completo mueve $3,9 billones. Además del componente energético, destina $2,7 billones al Fondo Milagro para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.
El Gobierno defiende el traslado como una medida preventiva frente al fenómeno de El Niño. Las plantas térmicas resultan fundamentales cuando bajan los niveles de los embalses, pero buena parte de las obligaciones del sistema eléctrico está precisamente concentrada con esas generadoras.
La discusión es quién terminará pagando. Air-e se encuentra intervenida por el Estado, pero la utilización de recursos nacionales significa que colombianos de todas las regiones ayudarán a contener una crisis originada en el Caribe.
También deberá aclararse qué mecanismos permitirán recuperar el dinero y evitar que la empresa vuelva a acumular obligaciones. Inyectar recursos sin corregir el recaudo, las pérdidas de energía y la administración financiera aplazaría el problema.
El propio presidente de la Cámara calificó el traslado como otro “pañito de agua tibia”, aunque reconoció que representa una suma considerable para una nación con dificultades fiscales.
El Congreso deberá decidir entre dos riesgos: aprobar un salvavidas costoso o permitir que la cadena de incumplimientos amenace la estabilidad del sistema. Evitar el apagón es urgente; entregar $1,2 billones sin exigir resultados también sería peligroso.
Preguntas frecuentes
¿Para qué se destinarían los $1,2 billones solicitados por el Gobierno?
Los recursos se trasladarían a la Superintendencia de Servicios Públicos para cubrir obligaciones de Air-e con agentes del Mercado de Energía Mayorista. El objetivo es evitar que la crisis financiera de la empresa comprometa el suministro eléctrico en la región Caribe.
¿Cómo se distribuirían los recursos para atender la crisis de Air-e?
El proyecto reduciría $750.000 millones del Ministerio de Hacienda y $450.000 millones del Ministerio de Minas. En total, los $1,2 billones se usarían para aliviar las obligaciones más inmediatas de Air-e con generadoras y comercializadoras.
¿Por qué la situación financiera de Air-e podría provocar un riesgo de apagón?
Air-e acumula obligaciones que afectan a empresas responsables de atender cerca del 40 % de los usuarios del país y registra una cartera morosa estimada en $6,5 billones. Si continúa incumpliendo sus pagos, la cadena de deudas podría afectar la estabilidad del sistema eléctrico, especialmente ante un eventual fenómeno de El Niño.
