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Gobierno anuncia medidas tributarias para afrontar emergencia económica tras hundimiento de Ley de Financiamiento
El Ministerio de Hacienda confirmó la adopción de un paquete de medidas tributarias que entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2026 en todo el territorio nacional. Estas disposiciones buscan compensar el desfasaje presupuestal ocasionado por el rechazo a la Ley de Financiamiento y recaudar cerca de 11,1 billones de pesos ante la emergencia económica declarada.
Entre las medidas prioritarias se reduce el umbral del impuesto al patrimonio de 3.600 millones a 2.000 millones de pesos, con tarifas graduadas hasta el cinco por ciento, afectando aproximadamente a 102.000 contribuyentes de altos ecos. Así mismo, se aumentará la sobretasa en el sector financiero del 5% al 15%, lo que elevará la tarifa territorial de renta nominal hasta un 50% para personas jurídicas, con un impacto estimado en recaudos cercana a 1,2 billones de pesos. Adicionalmente, se implementará una normalización de patrimonios omitidos con tarifas del 19% desde el 1 de enero. Estas modificaciones, explicó Germán Ávila, ministro de Hacienda en conferencia de prensa en Bogotá, se centran en presionar progresivamente contra un grupo muy reducido —el 0.8% de la población o 110.000 personas— sin alterar la carga sobre la canasta familiar ni los sectores medios y bajos.
Otras medidas incluyen la inclusión del IVA del 19% a juegos de suerte y azar en línea, un aumento en los gravámenes sobre licores, tabaco y bienes considerados de lujo, así como un fortalecimiento en la gestión tributaria de la DIAN. También prevén la eliminación de exenciones del IVA problematico en importaciones bajo 50 dólares y la imposición de emergentes gravámenes desde la primera venta o exportación de minerales y petróleo, sumando recursos fiscales esenciales de auge a la meta final.
Ávila agregó que este decreto expedido en los últimos días de diciembre garantiza la sostenibilidad financiera del presupuesto nacional de 2026 frente a un desfalco cercano a 16 billones de pesos. “Involucra contribuciones justas de los sectores que han tenido retornos económicos altos para soportar el gasto público necesario”, declaró el funcionario.
Además, destacó la eliminación de la prima salarial a congresistas como una medida de equidad adoptada en medio la crisis. Datos oficiales refieren que el paquete es revisable por la Corte Constitucional a partir del 10 de enero, luego de representar una acogida polémica en distintos sectores cuyas utilidades y patrimonios se ven impactados. La Alcaldía insta a mantener seguimiento coherente y reportes a las autoridades correspondientes, en medio de este escenario fiscal complejo para el país.
