Imagen cortesía Fiscalía General
Fiscalía judicializa a tres presuntos integrantes de ‘Los J’ por homicidio de veedor en Cúcuta
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a tres presuntos miembros de la banda criminal ‘Los J’ por el asesinato del veedor ciudadano Fabio Álex Ortega Acero, ocurrido el 19 de diciembre de 2024 en Cúcuta, Norte de Santander. Los implicados fueron asegurados en centro carcelario luego de no aceptar los cargos en su contra.
El homicidio se presentó alrededor de las 8:45 a.m. en el barrio Cúcuta 75, zona conocida como ciudadela Juan Atalaya. Ortega Acero, quien contaba con esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), llegó para recoger a uno de sus escoltas cuando dos atacantes, incluyendo un menor de 15 años, lo abordaron e iniciaron un intercambio de disparos. El joven atacaron murió en el sitio, Ortega falleció por heridas de bala y un escolta resultó gravemente herido.
De acuerdo con la Fiscalía, Jairo Andrés Miranda Ramírez, señalado como cabecilla de ‘Los J’, ordenó el homicidio debido a la labor de la víctima en la investigación de minería ilegal y amenazas de grupos presencia en la región. Brayan Stiven Rolón Borges habría realizado seguimientos para identificar las rutinas y el esquema de seguridad de Ortega, mientras que Johan Hernán Martínez Romero coordinó la recopilación de información sobre sus desplazamientos. Todos enfrentan cargos por homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores en actividades ilícitas y porte ilegal de armas.
Fabio Álex Ortega Acero era abogado y ex personero de El Zulia y San Cayetano, áreas caracterizadas por la presencia de grupos armados como Clan del Golfo, ELN y Los Rastrojos. El defensor de derechos humanos acumulaba denuncias por amenazas y había alertado días antes fallas en su protección por la UNP. Su muerte eleva a 171 el número de líderes sociales asesinados en Colombia durante 2024, según Indepaz.
La banda ‘Los J’ opera principalmente en el Área Metropolitana de Cúcuta, involucrada en homicidios selectivos, extorsión y tráfico de drogas. La Fiscalía junto con la Policía Metropolitana continúan las investigaciones para desmantelar esta y otras estructuras criminales que actúan en la región. Ante esta emergencia, las autoridades hacen un llamado para fortalecer la protección de líderes sociales y garantizar la seguridad en la frontera.
