Imagen cortesía Fiscalía General
Alias Tito, líder acusado de secuestros y asesinatos en Nariño
En la fría madrugada del 29 de diciembre de 2023, el corregimiento de Tabiles, en Linares, Nariño, fue escenario de un secuestro masivo que conmocionó a la región y reveló la crudeza del conflicto armado que persiste en el suroccidente colombiano. Trece personas fueron retenidas por una estructura armada bajo el mando de Luis Alberto Villota Rodríguez, más conocido como alias “Tito”, presunto cabecilla del Frente Comuneros del Sur del ELN. La operación dejó un saldo fatal: cuatro víctimas, entre ellas la lideresa comunal Martha Yolanda Benavides y un adolescente de apenas 17 años.
Este lunes, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Villota por secuestro agravado, homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y tortura, entre otros delitos. Los hechos, que también incluyen un episodio ocurrido el 9 de octubre del mismo año en la vía Túquerres-Samaniego, donde una mujer fue asesinada tras un secuestro, evidencian las prácticas intimidatorias del grupo ilegal para mantener control territorial. Las víctimas eran sometidas a tratos degradantes por no contar con el “salvoconducto” impuesto por la guerrilla para circular en esas zonas de las cordilleras nariñenses.
La Fiscalía, apoyada en pruebas materiales y testimonios, señala a alias “Tito” como el autor intelectual de estos crímenes. Villota, que hasta hace poco ocupaba el tercer mando en la subestructura Jaime Toño Obando, fue capturado en recientes operativos en áreas rurales de Nariño, desplazado luego a la Unidad de Reacción Inmediata de Pasto. Su historial sangriento incluye investigaciones por el asesinato de la joven líder Jenith Andrea Rodríguez y otros homicidios selectivos, así como múltiples secuestros y torturas.
Lo que agrava la situación es que, paradójicamente, Villota figuraba como gestor de paz hasta agosto de 2026, una designación del Gobierno nacional en el marco de la estrategia “Paz Total”. Esta condición despertó controversias y llevó a la Fiscalía a suspender sus inmunidades, mientras su proceso judicial avanza, a pesar de las presiones y negociaciones que rodean su posible liberación.
El secuestro en Tabiles y el homicidio en la vía Túquerres-Samaniego no solo dejaron cuerpos con impactos de bala y familias desplazadas por amenazas, sino también un vacío de seguridad y confianza en una región que clama por justicia y verdad. ¿Podrán las instituciones garantizar la paz en medio de estructuras criminales que se imponen con violencia y silencio? La respuesta parece dilatarse, mientras el miedo se instala como un habitante más en Nariño.
