Cortesía: Revista Semana – Manuel Saldarriaga El Colombiano
Galán cuestiona designación de alias El Montañero como gestor de paz pese a orden de captura
El alcalde de Bogotá criticó la suspensión de la orden de captura contra Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero, cabecilla de la banda criminal El Mesa, quien fue designado recientemente como gestor de paz por el Gobierno nacional en el marco de la política de ‘Paz Total’. Esta decisión, anunciada en abril en la capital y que beneficia a liderazgos criminales con procesos activos ante la Justicia, se sumó al debate tras operativos recientes de captura contra miembros de la misma organización en la ciudad.
La medida señala que El Montañero, vinculado con delitos como homicidio, extorsión y narcotráfico, podrá quedar en libertad bajo un esquema aprobado por las autoridades por un periodo de seis meses prorrogables, siempre que participe activamente en mesas de diálogo acordadas para promover la paz urbana. Mientras tanto, 23 presuntos integrantes de la banda que opera habitualmente desde Bello, Antioquia, y posee presencia en Bogotá, fueron capturados en intervenciones desarrolladas paralelamente a los debates oficiales sobre la legitimidad de estos nombramientos.
Según información de la Policía y la Fiscalía, el levantamiento provisional de la orden de captura hace parte de una serie de beneficios judiciales temporales para líderes delincuenciales, sumados a un programa de colaboraciones condicionadas y verificados legalmente en los tribunales. El Gobierno Nacional explicó que este tipo de designaciones pretenden avanzar en el desmantelamiento de redes criminales y habilitar canales de negociación en diferentes regiones del país bajo acompañamiento institucional.
Estos hechos ocurrieron poco después de operativos dirigidos a la banda El Mesa tanto en la capital como en otras ciudades directas en alianzas entre especialistas judiciales nacionales y regionales bajo la política de ‘Paz Total’. El proceso es similar al aplicado sobre grupos señalados en Medellín y hace parte de medidas propuestas ante legisladores con el objetivo de fijar procedimientos para miembros de organizaciones al margen de la ley que aceptan términos de reintegración institucional.
