Las autoridades investigan si algunos de los incendios forestales que han destruido cerca de 30.000 hectáreas en el Tolima fueron provocados por estructuras criminales interesadas en distraer a la Fuerza Pública y proteger las millonarias rentas de la minería ilegal.

La hipótesis fue expuesta por la gobernadora Adriana Magali Matiz, quien presentó una denuncia ante la Fiscalía después de recibir videos, testimonios ciudadanos e informes que apuntarían a la existencia de incendios intencionales.

La mandataria aclaró que no todas las conflagraciones tienen un origen criminal. Las altas temperaturas, la disminución de las lluvias y algunas quemas agrícolas también han contribuido a la emergencia. Sin embargo, aseguró que existen “serios indicios” que deben ser investigados.

“Yo aquí no estoy afirmando nada, pero sí estoy diciendo que tenemos serios indicios de que hay manos criminales”, señaló Matiz.

Hombres en motocicleta y rastros de gasolina

Entre las evidencias entregadas a las autoridades estarían videos grabados por habitantes en los que aparecen hombres movilizándose en motocicletas y prendiendo fuego en diferentes puntos.

Un informe de un cuerpo de bomberos también habría identificado la utilización de gasolina para iniciar una de las conflagraciones.

La Gobernación llamó la atención sobre incendios que reaparecen en lugares donde las llamas ya habían sido controladas, sin que exista una explicación climática o técnica clara para su reactivación.

La investigación deberá determinar quiénes son los responsables y si actuaron por iniciativa propia o siguiendo instrucciones de alguna estructura criminal.

Minería ilegal: un negocio de más de $280.000 millones

La principal preocupación se concentra en Ataco, municipio del sur del Tolima donde, según la gobernadora, operan al menos 19 entables dedicados a la extracción ilegal de oro.

Matiz calcula que estas explotaciones podrían producir alrededor de 60.000 gramos de oro cada mes, un negocio estimado en más de $280.000 millones anuales.

De acuerdo con información de inteligencia mencionada por la mandataria, las disidencias que operan en la región recibirían entre el 10 % y el 15 % de los recursos generados por esta actividad.

La hipótesis de las autoridades es que algunos incendios podrían ser utilizados para desviar la atención de la Fuerza Pública, dificultar las operaciones de control territorial o facilitar actividades ilegales en zonas estratégicas.

Hasta el momento, no existe una decisión judicial que compruebe esa conexión.

Incendios coinciden con ataques armados

La Gobernación también alertó sobre la coincidencia entre el inicio de los incendios y una escalada de violencia en el sur del departamento.

El primero de agosto fueron asesinados dos policías en Ataco. Posteriormente se presentaron ataques con drones en ese municipio y en Planadas, un hostigamiento contra la estación de Policía de Rioblanco, el lanzamiento de una granada en Herrera y la quema de un bus.

También se denunciaron amenazas contra alcaldes y habitantes de diferentes municipios.

En la zona tendrían presencia las estructuras disidentes Ismael Ruiz y Jerónimo Galeano, señaladas de buscar el control de corredores estratégicos y de economías ilegales.

Dos hombres fueron enviados a prisión

En medio de las investigaciones, un juez envió preventivamente a prisión a Julio César Morales Herrera y Leonidas Merjado Hurtado, señalados de provocar un incendio en la vereda Guacamaya, zona rural de Dolores.

Los hechos ocurrieron el 25 de agosto, cuando la Policía encontró a los dos hombres presuntamente avivando el fuego durante una quema no autorizada que también puso en riesgo especies silvestres.

Los bomberos lograron controlar las llamas antes de que se extendieran. La Fiscalía les imputó cargos por su presunta responsabilidad en el incendio.

Por ahora, las autoridades no han establecido que estos dos procesados tengan relación con grupos armados, minería ilegal o un plan coordinado para provocar las demás conflagraciones del departamento.

Cerca de 30.000 hectáreas destruidas

Los incendios han dejado cerca de 30.000 hectáreas afectadas, alrededor de 50 viviendas destruidas y pérdidas en aproximadamente 8.000 hectáreas de cultivos.

Campesinos han perdido sembrados de maíz, limón y otros productos, mientras ganaderos enfrentan dificultades para alimentar a sus animales.

Aunque no se reportan personas fallecidas por las llamas, la Gobernación advierte que el departamento podría enfrentar una grave crisis económica y ambiental.

El presidente Abelardo De La Espriella solicitó a las autoridades investigar la posible participación de manos criminales y pidió ayuda internacional a Estados Unidos y Chile para fortalecer las operaciones aéreas contra el fuego.

Mientras avanzan las investigaciones, Tolima enfrenta dos emergencias simultáneas: apagar las llamas y establecer si detrás de algunos incendios existe una estrategia para proteger las rentas ilegales y disputar el control del territorio.