Las consecuencias del terremoto del 10 de agosto también llegaron a las universidades e instituciones de educación superior del país. El Ministerio de Educación confirmó afectaciones en centros educativos ubicados en 83 municipios de 29 departamentos y puso en marcha una estrategia para recuperar infraestructura y, especialmente, evitar que los estudiantes tengan que abandonar sus estudios como consecuencia de la emergencia.
El balance todavía es preliminar. Las instituciones continúan reportando daños y el Gobierno mantiene un sistema nacional de seguimiento para determinar cuáles presentan las mayores afectaciones y qué tipo de intervención requiere cada una. Para coordinar la respuesta se instaló una mesa permanente de crisis con participación de las instituciones de educación superior y las autoridades territoriales.
Entre las primeras medidas está la activación de pólizas de seguros para atender daños, acompañamiento técnico a las instituciones más golpeadas y un tablero de crisis que permite hacer seguimiento en tiempo real. Según el Ministerio, esta herramienta fue reforzada con tecnología de mapeo satelital suministrada por Microsoft para identificar y monitorear las afectaciones.
Pero la emergencia no se limita a los edificios. El Gobierno está evaluando necesidades de alojamiento temporal, conectividad, equipos tecnológicos, apoyos económicos, atención en salud y acompañamiento psicológico y socioemocional para estudiantes y comunidades universitarias. El objetivo es que las dificultades provocadas por el terremoto no terminen obligando a los jóvenes a suspender o abandonar sus estudios.
También habrá medidas excepcionales para las propias universidades. Educación anunció que trabaja en flexibilizaciones relacionadas con los procesos de registro calificado y acreditación de alta calidad, aunque el comunicado todavía no precisa cuáles requisitos o plazos serán modificados. A esto se sumará un denominado Plan Padrino, mediante el cual instituciones de educación superior podrán prestar acompañamiento académico y técnico a otras que resultaron más afectadas.
La estrategia se desarrolla conjuntamente con la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN; el ICETEX; autoridades territoriales; sector privado y organismos de cooperación nacional e internacional. Por ahora, el Ministerio no informó cuánto costará recuperar la infraestructura universitaria afectada ni entregó una cifra de estudiantes perjudicados, dos datos que todavía están pendientes a medida que avance la evaluación de daños.
La respuesta para educación superior se suma a los alivios anunciados para más de 44.000 beneficiarios del ICETEX en las zonas afectadas, que incluyen la suspensión temporal del cobro de cuotas e intereses durante tres meses.
