El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó el refuerzo inmediato de las medidas de seguridad para los magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, luego de que se reportara un disparo que impactó una oficina de la Procuraduría en un piso alto del edificio y tras una alerta sobre posibles riesgos relacionados con la condena contra el exgobernador de La Guajira, Juan Francisco “Kiko” Gómez Cerchar.
Disparo en la Procuraduría y alerta de seguridad
Según reportes, una oficina ubicada en uno de los pisos superiores de la sede principal de la Procuraduría fue afectada por un impacto de bala durante el pasado fin de semana. Inicialmente, las autoridades manejaron el hecho como una posible «bala perdida», pero con el avance de las investigaciones surgieron elementos que llevaron a evaluar si el disparo podría estar vinculado con decisiones recientes de la Sala de Casación Penal, especialmente con la condena impuesta a Gómez Cerchar.
El proyectil ingresó por una ventana del piso donde trabaja un procurador delegado que ha participado en procesos de alto perfil. Este hallazgo activó los protocolos internos de seguridad y motivó la intervención de investigadores de la Fiscalía y Policía Judicial para recolectar indicios y esclarecer el origen del disparo.
Preocupación de magistrados y respuesta del Gobierno
En este contexto, el magistrado José Joaquín Urbano, integrante de la Sala de Casación Penal, remitió una comunicación al presidente de la Sala expresando su preocupación por la seguridad de los magistrados y otros funcionarios que participaron en el proceso contra Gómez Cerchar. Urbano señaló que existe la posibilidad de que los togados estén en riesgo debido a la condena impuesta y mencionó que otros funcionarios también han manifestado inquietudes por su seguridad personal y la de sus familias.
Tras recibir esta alerta, el presidente De la Espriella anunció públicamente que ordenó a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) reforzar «de inmediato» las medidas destinadas a proteger a los magistrados. El mandatario enfatizó que «lo que es con la Sala Penal de la Corte es conmigo» y advirtió que «quien se mete con la Corte, se mete con el presidente de la República».
Investigación y garantías a la justicia
Las autoridades abrieron una investigación preliminar para esclarecer las circunstancias del disparo y determinar responsables. Inicialmente se consideró que podría tratarse de una bala perdida proveniente desde los cerros orientales, descartando el uso de francotiradores o armas de largo alcance, aunque ninguna hipótesis se cierra mientras continúan los análisis balísticos.
El presidente De la Espriella también hizo referencia directa al exgobernador Juan Francisco “Kiko” Gómez Cerchar, sin atribuirle responsabilidad directa por el disparo, pero advirtiendo que «sea quien sea que esté detrás de estas amenazas —Kiko Gómez o cualquier otro— será identificado, perseguido y llevado ante la justicia». Reiteró que en su Gobierno se respetan las instituciones, se garantiza la independencia judicial y «la justicia no se intimida».
Este refuerzo en la seguridad se da en medio de un contexto más amplio en el que se revisan y ajustan los esquemas de protección para altos funcionarios judiciales, buscando garantizar su integridad frente a amenazas derivadas del ejercicio independiente de sus funciones. Las investigaciones continúan mientras se mantiene una coordinación estrecha entre Policía Nacional, UNP y organismos judiciales para proteger a los operadores judiciales y esclarecer los hechos ocurridos.
