El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, actualmente en México, atribuyó su inclusión en la Lista OFAC, conocida como Lista Clinton, a una represalia política de Estados Unidos por sus pronunciamientos sobre la situación en Palestina. En una entrevista con el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa, Petro negó cualquier vínculo con actividades relacionadas al narcotráfico y aseguró que la sanción fue una medida para perseguir a dirigentes progresistas.
Petro explica su inclusión en la Lista OFAC
En diálogo con Rafael Correa realizado en Ciudad de México, Gustavo Petro ofreció por primera vez detalles concretos sobre su designación en la Lista OFAC, un listado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que agrupa a personas señaladas por presuntos vínculos con lavado de dinero, narcotráfico y crimen organizado. Según el exmandatario, desconocía el significado y alcance de esta lista cuando fue incluido y sostiene que la medida se aplicó con un criterio ideológico tras sus discursos críticos sobre el conflicto palestino-israelí en escenarios internacionales como Naciones Unidas.
Petro aseguró que su situación cambió cuando «elevó la voz» frente a lo que ocurría en Palestina y desde entonces se convirtió en un blanco de Washington. Atribuyó el origen de esta campaña a un «discurso de odio» en redes sociales, que fue amplificado con mentiras para asociarlo injustamente con investigaciones por narcotráfico. «Vivimos en un mundo de la mentira y eso es lamentable», afirmó, denunciando una manipulación mediática destinada a erosionar su legitimidad política.
Impacto y contexto político de la sanción estadounidense
El exmandatario recordó que su inclusión en la lista se produjo mientras aún ejercía como presidente de Colombia. La explicación oficial de Estados Unidos vinculó la sanción a cuestionamientos a la política antidrogas de su Gobierno y destacó las restricciones financieras y comerciales impuestas a las personas listadas. Sin embargo, Petro insistió en que se trata de una «simple persecución política» relacionada con sus posiciones sobre Palestina y sus críticas a Estados Unidos e Israel.
En este marco, calificó a la Lista OFAC como un instrumento originalmente diseñado para bloquear redes criminales, pero que estaría siendo utilizado para castigar a dirigentes progresistas en el mundo. Según Petro, su caso es un ejemplo del uso político de esta herramienta para debilitar proyectos progresistas en América Latina.
Además, Rafael Correa relató un episodio concreto del impacto práctico de esta sanción: una aerolínea colombiana se negó a transportar a Petro hacia México para evitar posibles sanciones estadounidenses, obligando al expresidente a viajar en otra compañía aérea. Este hecho fue presentado como una muestra de las consecuencias reales de las medidas unilaterales impuestas por Estados Unidos.
Estancia en México y denuncias sobre manipulación digital
El viaje de Gustavo Petro a México fue autorizado formalmente por el Senado colombiano para ausentarse del país durante un año. Durante su estadía, ha sostenido encuentros con autoridades mexicanas y participado en actividades académicas, incluyendo una conferencia magistral en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre economía política y crisis climática.
Desde México, Petro ha reiterado que enfrenta una persecución política y ha vinculado su situación con una reconfiguración regional destinada a frenar proyectos progresistas. En sus intervenciones públicas ha advertido sobre el uso de algoritmos y tecnologías digitales para manipular procesos electorales y la opinión pública, denunciando un supuesto «tecnofascismo» aplicado también en Colombia.
En este contexto discursivo, ha presentado la Lista OFAC como una herramienta con impacto global que va más allá del combate al narcotráfico, siendo utilizada para fines políticos. Su relato contrasta con la narrativa oficial estadounidense, que mantiene el enfoque en el combate a las drogas y las finanzas ilícitas.
La versión ofrecida por Gustavo Petro sobre su inclusión en la Lista OFAC representa un capítulo relevante en la compleja relación entre Colombia y Estados Unidos, así como en el debate sobre el uso político de mecanismos internacionales. Su denuncia pone de manifiesto las tensiones existentes entre discursos oficiales y percepciones políticas sobre sanciones y bloqueos financieros, especialmente cuando estos afectan a líderes progresistas en América Latina.
