Un juez penal de conocimiento dictó una condena de 56 años y 8 meses de prisión contra Jhovanny Copete Domínguez, alias El Negro o Copete, y Carlos Enrique Arroyave Saldarriaga, alias La Gata o El Zarco, por el asesinato del patrullero Wilder Alexander Romo Durango y del líder ambientalista Mauricio Valencia Sánchez. Los hechos ocurrieron el 6 de mayo de 2021 en el corregimiento Santa Elena, ubicado en Medellín.
Detalles de la condena y los responsables
La sentencia, conocida el 2 de septiembre de 2026, corresponde a una decisión de primera instancia y aún puede ser apelada. Los condenados fueron declarados responsables de los delitos de homicidio agravado, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas, con agravantes en las dos últimas conductas. Ambos hacían parte de la organización delincuencial ‘La Sierra’, señalada por múltiples actividades criminales en el Valle de Aburrá.
Contexto del crimen y modus operandi
Según la investigación judicial, Copete y Arroyave, junto con otros hombres armados pertenecientes a la estructura ilegal, ingresaron violentamente a la residencia del patrullero Romo Durango y le dispararon en presencia de sus familiares. Posteriormente, al huir del lugar, causaron la muerte del líder ambientalista Mauricio Valencia Sánchez, quien había salido de su vivienda al escuchar las detonaciones provenientes del domicilio del uniformado.
Implicaciones del caso y contexto criminal en Medellín
El ataque contra el patrullero se relaciona con su función como comandante del cuadrante Santa Elena, labor que habría motivado el atentado según lo señalado por la Fiscalía General de la Nación. La estructura criminal ‘La Sierra’ ha sido señalada reiteradamente por su participación en actividades ilícitas en Medellín y el Valle de Aburrá. La condena refleja el esfuerzo judicial por desarticular estas organizaciones y sancionar sus acciones violentas.
Este fallo judicial representa un paso importante en la lucha contra la criminalidad en Medellín, aunque al ser una sentencia de primera instancia, está sujeta a los recursos legales correspondientes. La Fiscalía continúa aportando pruebas para garantizar la justicia en casos relacionados con la seguridad ciudadana y la protección de líderes sociales y uniformados.
