El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció la derogación de las resoluciones que delimitaban los Distritos Mineros Especiales, una figura creada en el gobierno anterior para ordenar la actividad minera con criterios socioambientales. La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, explicó que esta decisión busca reactivar la inversión, fortalecer la formalización de la pequeña minería y dar mayor tranquilidad al sector minero colombiano.
Derogación de resoluciones y efectos hacia el futuro
Durante el Congreso Nacional de Minería 2026, organizado por la Asociación Colombiana de Minería (ACM) en Cartagena, la ministra Arboleda informó que el Gobierno derogará 10 resoluciones del Ministerio de Minas y Energía que delimitaban los Distritos Mineros Especiales en diferentes regiones del país. Estas resoluciones, creadas en el gobierno anterior bajo la Ley 2294 de 2023 y el Decreto 0977 de 2024, nunca llegaron a ejecutarse en la práctica.
Arboleda aclaró que la derogación tiene efectos hacia el futuro y no afecta derechos adquiridos de ciudadanos ni empresas, ya que las delimitaciones no impactaron títulos mineros vigentes, solicitudes de concesión ni actividades en ejecución. «Esta decisión tiene efectos de futuro y no afecta los derechos de ningún ciudadano porque nada se ejecutó, para que estemos tranquilos», afirmó la ministra ante empresarios y gremios del sector.
Motivos para eliminar los Distritos Mineros Especiales
La ministra explicó que los distritos fueron «mal diseñados» y terminaron siendo un instrumento que restringía la actividad minera y frenaba la inversión, incluso en la pequeña minería formal o en proceso de formalización. Aunque originalmente se crearon para ordenar el territorio y acompañar a las regiones mineras, articulando objetivos ambientales, productivos y sociales, en la práctica se usaron como mecanismos para sustituir la minería y contener nuevos proyectos.
Esta situación generó incertidumbre regulatoria y desincentivó decisiones de inversión, según el diagnóstico presentado por Arboleda. Por ello, la derogación busca abrir nuevamente espacio para la exploración y el desarrollo de proyectos mineros, especialmente en la pequeña minería, considerada clave para reducir la ilegalidad y mejorar las condiciones laborales y ambientales.
Reorientación integral de la política minera
La eliminación de los Distritos Mineros Especiales es parte de una reorientación integral de la política minera del gobierno De la Espriella. La ministra anunció que se preparan medidas adicionales para priorizar el sector, reactivar proyectos y consolidar un entorno de confianza para los territorios y los inversionistas.
Arboleda destacó que Colombia tiene una «oportunidad histórica» para convertir su riqueza minera en desarrollo sostenible, empleo formal y confianza. La meta es avanzar hacia una minería formal, responsable y «regenerativa», capaz de cuidar el agua, respetar a las comunidades y combatir la ilegalidad. Este enfoque busca alinear la expansión minera con las exigencias de la transición energética y las necesidades globales de minerales críticos, sin abandonar compromisos ambientales ni sociales.
La medida también se inscribe en un contexto más amplio de señales pro-inversión del nuevo gobierno hacia la industria minera, sumándose a decisiones como la reversión de restricciones a ciertas exportaciones de carbón. En este sentido, representantes empresariales celebraron la derogación, señalando que el sector se sentía «atado» por un marco regulatorio restrictivo que dificultaba la inversión.
Finalmente, la ministra hizo un llamado a todos los actores del sector —empresas, autoridades locales, comunidades y gobierno central— a trabajar juntos para construir una minería que aporte al desarrollo regional y nacional, impulsando la formalización y generando un equilibrio entre desarrollo económico, protección ambiental y responsabilidad social.
En síntesis, el Gobierno De la Espriella desarma una figura creada para ordenar la minería con criterios socioambientales que terminó siendo un freno para la inversión. La derogación marca un cambio de rumbo hacia una minería formal y competitiva que busca conjugar desarrollo económico, transición energética y protección territorial en Colombia.
