La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes se encuentra en una parálisis operativa desde hace más de un mes debido a la falta de recursos presupuestales, lo que ha dejado pendientes 2.450 procesos activos contra altos funcionarios del Estado, según denunciaron el representante Daniel Briceño y confirmó el presidente de la instancia, Carlos Alberto Cuenca.
Parálisis operativa por ausencia de presupuesto
De acuerdo con el representante del Centro Democrático, Daniel Briceño, la Comisión no ha podido repartir nuevos procesos entre sus 17 integrantes por falta de recursos para contratar el apoyo técnico y jurídico necesario. Esto impide avanzar en la asignación y estudio de los expedientes, traduciéndose en un bloqueo práctico de la función investigativa. Briceño afirmó que la Comisión lleva más de un mes en completa parálisis y que, en estas condiciones, solo se han aprobado proposiciones internas sin asignar procesos.
Solicitud formal al Ministerio de Hacienda
El presidente de la Comisión, Carlos Alberto Cuenca, envió una carta el 19 de agosto al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, reiterando la necesidad urgente de asignar recursos presupuestales adicionales para garantizar el funcionamiento regular del organismo. En su comunicación, Cuenca pidió que los fondos fueran girados «en el menor tiempo posible», debido a que la Comisión debe cumplir con términos procesales que calificó como «perentorios e improrrogables». Los recursos solicitados están destinados principalmente a la contratación de abogados asesores, quienes cumplen un papel clave en el estudio inicial y reparto de los casos.
Impacto y contexto institucional
Actualmente, la Comisión tiene 2.450 procesos activos, incluyendo investigaciones contra expresidentes, magistrados de altas cortes y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. Entre estos se encuentran alrededor de 200 procesos contra el expresidente Gustavo Petro, incluyendo el expediente sobre la financiación de su campaña presidencial. La Procuraduría General de la Nación ha advertido sobre procesos congelados que involucran al jefe de Estado, aumentando la presión institucional sobre el funcionamiento del órgano investigador.
Daniel Briceño ha señalado que esta situación no solo es administrativa sino que envía un mensaje de completa impunidad al país, pues al no existir suspensión general de términos procesales, varios expedientes podrían prescribir por vencimiento de los plazos legales. Además, ha denunciado que la Comisión es una instancia «sin recursos, sin plata y que no está siendo atendida por nadie en el Congreso», a pesar de su importancia para investigar a los más altos dignatarios del Estado.
La Comisión de Investigación y Acusación es responsable de adelantar las investigaciones previas y presentar acusaciones ante el Senado contra altos funcionarios sometidos a régimen especial, como el presidente, expresidentes y magistrados. La parálisis actual pone en riesgo la eficacia del sistema de control político y judicial en Colombia.
Ante este panorama, tanto Carlos Alberto Cuenca como Daniel Briceño han hecho un llamado urgente a las autoridades económicas y administrativas para acelerar la asignación presupuestal que permita reactivar las funciones de la Comisión y garantizar el trámite oportuno y riguroso de los procesos constitucionales y legales pendientes.
