El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella anunció en Mompox, durante la cumbre de gobernadores, la radicación en el Congreso de una ley orgánica de experimentación territorial. Esta norma busca implementar una política de descentralización considerada por el Ejecutivo como la más ambiciosa desde la Constitución de 1991, al permitir el traslado gradual de competencias y recursos desde la Nación hacia departamentos y municipios bajo condiciones definidas.

Marco normativo para la descentralización con evaluación pública

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó que esta ley establecerá un marco para realizar pilotos de descentralización en entidades territoriales que demuestren estar preparadas para asumir nuevas funciones administrativas y de gestión. Estos pilotos tendrán plazos definidos, contarán con recursos certificados por el Ministerio de Hacienda y estarán sujetos a mecanismos de evaluación pública para medir su desempeño. Al concluir la fase piloto, corresponderá al Congreso de la República analizar los resultados y decidir si generaliza, ajusta o revierte la transferencia de competencias.

Este proceso garantiza que el traslado de funciones no sea automático ni irreversible, sino condicionado a la capacidad demostrada por los territorios para administrar las competencias y recursos asociados, así como al control político y legislativo que ejerza el Congreso.

Competencias específicas y recursos asociados para las regiones

Entre las competencias que se planea transferir se encuentran áreas actualmente concentradas en Bogotá, tales como la formación para el trabajo, infraestructura educativa, vías terciarias, conectividad, desarrollo rural, atención a la primera infancia, políticas de empleo, turismo y asuntos fronterizos. El Gobierno enfatiza que estas funciones serán entregadas junto con los recursos correspondientes para evitar que la descentralización se convierta en una carga financiera para los territorios.

Además, la iniciativa incorpora una figura de habilitación normativa experimental que permitirá a los municipios y departamentos adaptar determinadas reglas nacionales a sus contextos locales bajo autorización expresa y vigilancia del Congreso. Sin embargo, esta facultad no aplicará para normas estatutarias, orden público ni derechos fundamentales, que permanecerán bajo un marco nacional uniforme.

Construcción participativa y continuidad política

La política de descentralización se apoya en trabajos previos realizados con municipios y departamentos, incluyendo la Misión de Descentralización con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), estudios de la Federación de entidades territoriales y la Universidad de los Andes, así como el Gran Pacto de Santa Marta y aportes regionales basados en los artículos 287 y 302 de la Constitución. Estas bases técnicas y políticas sustentan el diseño del nuevo marco normativo.

El ministro Lara destacó que esta iniciativa no es una simple transferencia financiera sino un proceso gradual, simultáneo y equivalente, con diferenciación territorial y acompañamiento técnico, construido «mesa por mesa» con las entidades territoriales. Complementariamente, confirmó que el Gobierno presentará una Ley de Competencias que definirá qué funciones soltará la Nación, a quiénes y con qué recursos, reafirmando el compromiso con una descentralización estructural.

Con esta propuesta, el Gobierno busca un cambio histórico en la forma de gobernar Colombia, acercando decisiones sobre infraestructura, empleo, desarrollo rural y servicios básicos a los ciudadanos mediante una mayor autonomía territorial acompañada de recursos y reglas adaptadas a cada región. La implementación dependerá ahora del debate en el Congreso y de la capacidad técnica y financiera de los departamentos y municipios involucrados en los pilotos.