El presidente Abelardo de la Espriella ordenó este 12 de septiembre de 2026 a los ministros de Defensa, Jorge Mora, y de Justicia, Iván Cancino, coordinar durante una semana el sometimiento a la justicia de Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho” o “El Ganadero”, señalado como uno de los principales jefes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
La instrucción fue divulgada desde Bogotá, a través de un mensaje publicado en la red social X y de declaraciones públicas del mandatario. De la Espriella advirtió que, si Castillo no se entrega voluntariamente y continúa con sus actividades delictivas, la Fuerza Pública deberá ubicarlo y darle de baja conforme a la ley.
El anuncio se produjo después de una entrevista con Semana, en la que alias “Pinocho” manifestó su disposición a entregarse y a contribuir al sometimiento de las ACSN, aunque condicionó ese proceso a la existencia de garantías y de una ley específica para los integrantes de la organización.
El Gobierno, sin embargo, descartó negociaciones políticas o concesiones extraordinarias. Según la orden presidencial, Defensa y Justicia deberán coordinar las acciones operativas y judiciales necesarias para concretar la entrega del cabecilla en el plazo establecido, bajo la figura de sometimiento a la justicia.
Castillo es señalado como jefe financiero y uno de los máximos líderes de las ACSN, grupo armado con presencia en zonas de Magdalena, Cesar y La Guajira, incluida la Sierra Nevada de Santa Marta. La organización mantiene una disputa por el control territorial y de rentas ilegales en la región Caribe.
La decisión se enmarca en la ofensiva de seguridad anunciada por De la Espriella contra cabecillas de alto valor durante sus primeros 90 días de gobierno. También ocurre días después de la muerte de alias “Bendito Menor”, líder de un frente de las ACSN abatido durante un operativo en Riohacha el 4 de septiembre.
Además del ultimátum, continúa vigente la decisión de reactivar el proceso de extradición de alias “Pinocho” a Estados Unidos. El presidente insistió en que no habrá dilaciones ni exigencias y que, si no se somete a la justicia, se aplicará todo el peso de la ley.
