La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió sobre los desafíos que enfrenta la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016 en Colombia, en medio de inquietudes relacionadas con la financiación de los programas de reincorporación, la seguridad de los firmantes de paz y los avances de la reforma rural.

En su informe trimestral, divulgado el 8 de octubre de 2026, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidió preservar la continuidad del proceso de paz y fortalecer las instituciones encargadas de ejecutar sus compromisos. El documento abarca el periodo comprendido entre el 27 de junio y el 26 de septiembre y será presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en Nueva York, el 12 de octubre.

El reporte examina los retos que afronta el Gobierno de Abelardo de la Espriella para definir su estrategia de implementación, así como las condiciones de seguridad en los territorios y los recursos destinados a cumplir lo pactado con las antiguas Farc.

ONU pide continuidad en la implementación del Acuerdo de Paz

El informe señala que el actual Gobierno recibe las instituciones, los compromisos y los avances acumulados desde la firma del acuerdo entre el Estado colombiano y las antiguas Farc. Aunque el Ejecutivo manifestó su intención de cumplir la Constitución y las obligaciones jurídicas relacionadas con el pacto, la Misión de Verificación indicó que aún es necesario precisar el enfoque oficial para continuar con su implementación.

Guterres insistió en la importancia de preservar la continuidad del proceso y la arquitectura institucional construida durante los últimos años. Según el secretario general, el periodo que viene será determinante para consolidar los avances alcanzados, en momentos en que el acuerdo se acerca a la etapa final del plazo previsto para su ejecución.

El documento también describe cambios en la política de seguridad del Gobierno, entre ellos el fin de los procesos de diálogo con grupos armados ilegales, la intensificación de las operaciones militares y la designación de esas organizaciones como terroristas, según lo consignado en el reporte.

Preocupación por los recursos para la reincorporación de excombatientes

La Misión destacó que más de 11.000 excombatientes continúan vinculados al proceso de reincorporación, considerado uno de los principales resultados derivados del acuerdo de 2016.

Sin embargo, advirtió que la seguridad, las oportunidades económicas y sociales, y una financiación adecuada y sostenible son fundamentales para evitar que se reproduzca la violencia, reducir el riesgo de reclutamiento por grupos armados y mantener la confianza en el proceso.

El organismo trasladó al Gobierno sus inquietudes por los recursos destinados a estos programas y por la incertidumbre sobre cuál entidad estará a cargo de ejecutarlos. Para Naciones Unidas, la institucionalidad creada alrededor del acuerdo representa un activo del Estado, tanto por la experiencia acumulada como por su papel en la protección de los avances logrados.

La advertencia se produce mientras el Ejecutivo define su hoja de ruta para la implementación. La ONU considera necesario mantener las capacidades institucionales para responder a los nuevos desafíos y ofrecer a los firmantes de paz condiciones que favorezcan su permanencia en la legalidad.

Aumentan las alertas por asesinatos y amenazas contra firmantes de paz

Durante el periodo analizado, la Misión verificó el asesinato de ocho excombatientes, seis de ellos en agosto. Con estos casos, el número de firmantes de paz asesinados en 2026 llegó a 13, según el informe.

El documento también reportó un aumento de los intentos de homicidio: durante el año se habían registrado 15 casos, frente a cinco documentados en 2025.

Desde la firma del Acuerdo de Paz, Naciones Unidas ha verificado 501 asesinatos, 185 intentos de homicidio y 56 desapariciones forzadas de antiguos integrantes de las Farc.

La violencia también afecta a las comunidades y a los liderazgos sociales en zonas que fueron escenario del conflicto armado. Según cifras de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, entre el 27 de junio y el 30 de agosto alrededor de 5.600 personas fueron desplazadas y otras 4.400 quedaron confinadas en 15 municipios de siete departamentos.

A estos hechos se suman 40 denuncias de asesinatos de líderes sociales registradas entre el 27 de junio y el 26 de septiembre en 17 departamentos. Por su parte, la Defensoría del Pueblo documentó 1.173 casos de reclutamiento de menores entre 2024 y julio de 2026.

La Misión también llamó la atención sobre los riesgos específicos que enfrentan las lideresas sociales, las defensoras de derechos humanos y las mujeres excombatientes. En este contexto, destacó la adopción del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos como una política pública que contribuye a fortalecer los mecanismos de protección.

Reforma rural: retrasos y problemas de seguridad

La ONU considera que la Reforma Rural Integral puede contribuir a reducir la violencia, ampliar la presencia estatal, impulsar el desarrollo económico y enfrentar las condiciones que favorecen las economías ilícitas.

En ese propósito, el informe resalta la importancia de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y de mecanismos como Obras por Impuestos para promover inversiones en las regiones más afectadas por el conflicto.

No obstante, el documento identifica retrasos en la puesta en funcionamiento de la Jurisdicción Agraria y problemas de seguridad para las personas beneficiarias de procesos de acceso a tierras.

El Gobierno anunció una revisión de las iniciativas de entrega, restitución y formalización de tierras, mientras que organizaciones campesinas y sectores de la sociedad civil pidieron preservar los avances y mantener el diálogo con las nuevas autoridades.

El informe también plantea inquietudes sobre la aplicación de las disposiciones de género del Acuerdo Final, especialmente ante los cambios institucionales promovidos por el nuevo Gobierno y la situación del Ministerio de Igualdad y Equidad, entidad considerada relevante para el cumplimiento de esos compromisos.

Consejo de Seguridad deberá revisar el mandato de la Misión

El informe será presentado por Miroslav Jenča, representante especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.

La sesión del Consejo de Seguridad del 12 de octubre será una oportunidad para examinar la situación de la implementación del acuerdo y los desafíos señalados por la Misión. La continuidad y el alcance de sus funciones dependerán de las decisiones que adopte el Consejo en el marco de su mandato.

Para Naciones Unidas, mantener el acompañamiento internacional será importante para consolidar los avances alcanzados, atender los riesgos de seguridad y respaldar los esfuerzos destinados a construir una paz sostenible en Colombia.

Preguntas frecuentes

¿Qué advirtió la ONU al Gobierno de Abelardo de la Espriella sobre el Acuerdo de Paz?

La ONU pidió preservar la continuidad del proceso de paz y fortalecer las instituciones encargadas de implementar el Acuerdo Final de 2016. También expresó preocupación por la financiación de la reincorporación, la seguridad de los firmantes y los avances de la reforma rural.

¿Cuántos excombatientes han sido asesinados en Colombia durante 2026?

Según el informe de la Misión de Verificación de la ONU, 13 firmantes de paz fueron asesinados en 2026. Durante el periodo analizado se verificó el asesinato de ocho excombatientes, seis de ellos en agosto.

¿Qué problemas enfrenta la implementación de la reforma rural?

La ONU identificó retrasos en la puesta en funcionamiento de la Jurisdicción Agraria y problemas de seguridad para las personas beneficiarias de procesos de acceso a tierras. El organismo considera que la Reforma Rural Integral y los PDET pueden ayudar a reducir la violencia y promover el desarrollo regional.