El Centro Democrático solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de control investigar si durante el gobierno de Gustavo Petro se utilizaron entidades o recursos públicos para promover señalamientos contra Álvaro Uribe Vélez, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras.

La petición, divulgada el 13 de octubre de 2026, surgió después de las declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien aseguró que durante una reunión con antiguos jefes paramilitares en Valledupar se habría buscado impulsar pronunciamientos contra esos dirigentes políticos.

El señalamiento ha generado cuestionamientos sobre el posible uso de la política de paz del Gobierno con fines políticos. Sin embargo, las afirmaciones sobre las supuestas instrucciones y sus propósitos deben ser verificadas por las autoridades.

¿Qué pidió investigar el Centro Democrático?

En un comunicado, la colectividad solicitó esclarecer si funcionarios, entidades o recursos del Estado fueron utilizados para afectar la imagen del expresidente Álvaro Uribe y de otros dirigentes políticos.

El partido pidió determinar si hubo irregularidades y establecer las eventuales responsabilidades. También relacionó el episodio con una posible estrategia para perjudicar a figuras de la oposición con fines judiciales o electorales.

Hasta ahora, la solicitud del Centro Democrático constituye una exigencia de investigación y no una demostración de que se hayan empleado recursos públicos de manera indebida. La existencia de una reunión oficial tampoco prueba, por sí sola, que su finalidad real fuera promover acusaciones políticas.

Angie Rodríguez señaló una presunta estrategia en Valledupar

En declaraciones difundidas por medios de comunicación, Rodríguez afirmó que en Valledupar se realizó un encuentro presentado oficialmente como una actividad de Diálogo Social Paz Total, con participación de antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), algunos designados como gestores de paz.

Entre los asistentes mencionados en su relato figuran Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, conocido como Jorge 40, y Carlos Mario Jiménez, alias Macaco.

Según Rodríguez, habría recibido instrucciones para que los participantes se refirieran a Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras. La exfuncionaria sostuvo que, aunque el objetivo formal del encuentro estaba relacionado con la paz, la reconciliación y la verdad, la misión que se le habría encomendado tenía un componente político.

También aseguró que le solicitaron coordinar el cierre del denominado Comité Ralito para propiciar declaraciones de antiguos integrantes de las autodefensas durante el periodo electoral.

Estas afirmaciones corresponden a la versión de Rodríguez. Para establecer si existió una instrucción oficial, quién la habría impartido y si se utilizaron recursos públicos con un propósito distinto al anunciado, se requiere contrastar su testimonio con documentos, comunicaciones, registros administrativos y otras pruebas.

La diferencia en las fechas del encuentro

Uno de los aspectos que requiere aclaración es la fecha de la reunión. El comunicado del Centro Democrático la ubicó en octubre de 2025, mientras que Rodríguez, según los reportes de su entrevista, habló de un encuentro realizado en noviembre de ese año.

Las autoridades tendrían que determinar si se trata del mismo evento y aclarar cuándo ocurrió, quién lo organizó, qué entidades participaron y cómo se financió.

El partido también relacionó temporalmente la reunión con una decisión judicial favorable a Uribe. No obstante, una coincidencia de fechas no demuestra por sí misma que hubiera coordinación entre el encuentro y el proceso judicial. Esa hipótesis necesitaría pruebas que acrediten un vínculo concreto.

¿Qué falta por esclarecer?

Entre los principales interrogantes están la identidad de quienes habrían impartido las instrucciones denunciadas, el alcance de la participación de los funcionarios y gestores de paz, y el eventual uso de presupuesto, contratos, logística oficial o información reservada.

También debe establecerse si los pronunciamientos que, según Rodríguez, se buscaba promover llegaron a producirse y si existió alguna coordinación con actuaciones judiciales o electorales.

La denuncia ha tenido repercusiones políticas y ha motivado solicitudes para que se investiguen los hechos. Sin embargo, con la información pública consultada no es posible dar por demostrada una operación estatal contra los dirigentes mencionados ni atribuir responsabilidades penales a personas concretas.

La Fiscalía y los organismos de control deberán establecer, a partir de pruebas verificables, si hubo irregularidades. Mientras tanto, las declaraciones de Rodríguez y las afirmaciones del Centro Democrático deben entenderse como señalamientos pendientes de esclarecimiento.

Preguntas frecuentes

¿Qué pidió investigar el Centro Democrático sobre el Gobierno Petro?

Solicitó a la Fiscalía y a los organismos de control establecer si entidades, funcionarios o recursos públicos fueron utilizados para promover señalamientos contra Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras. También pidió determinar si hubo irregularidades y eventuales responsabilidades.

¿Qué declaró Angie Rodríguez sobre la reunión en Valledupar?

La exdirectora del Dapre afirmó que en un encuentro con antiguos comandantes de las AUC se habría buscado impulsar pronunciamientos contra dirigentes políticos. Según su versión, la reunión fue presentada como una actividad de Diálogo Social Paz Total, pero habría tenido un componente político.

¿Está probado que el Gobierno Petro usó recursos públicos contra Uribe y otros dirigentes?

No. La solicitud del Centro Democrático y las declaraciones de Angie Rodríguez son señalamientos pendientes de verificación, y las autoridades deben contrastarlos con documentos, comunicaciones, registros administrativos y otras pruebas.