La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (Unidiplo) presentó ante la Contraloría General de la República una queja de responsabilidad fiscal contra cuatro excancilleres y seis exdirectores de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que se investigue si determinados nombramientos provisionales ocasionaron un daño a los recursos públicos.
La denuncia, divulgada el 13 de octubre de 2026, señala a los exministros Álvaro Leyva Durán, Luis Gilberto Murillo, Laura Sarabia y Rosa Villavicencio. Según el sindicato, durante el gobierno de Gustavo Petro se designaron personas ajenas a la carrera diplomática y consular en cargos que, presuntamente, podían ser ocupados por funcionarios de carrera.
Unidiplo sostiene que algunas de estas decisiones se tramitaron mediante certificaciones que indicaban que no había personal de carrera disponible, aunque, según su revisión, sí existían funcionarios habilitados para ocupar determinadas plazas.
La organización pide que se examinen las actuaciones administrativas, se calculen los posibles costos para el Estado y se establezca si existen fundamentos para declarar responsabilidad fiscal. La queja no constituye una decisión de la Contraloría ni demuestra por sí misma que los funcionarios señalados hayan causado un detrimento patrimonial.
¿Qué cuestiona el sindicato sobre los nombramientos?
En el documento presentado ante el organismo de control, Unidiplo cuestiona la utilización reiterada de nombramientos provisionales para ocupar cargos de la carrera diplomática y consular. Según la organización, estas designaciones se habrían efectuado sin observar las condiciones legales que permiten recurrir a personas externas a la carrera.
El sindicato también sostiene que las certificaciones sobre la disponibilidad de funcionarios deben ser examinadas para determinar si reflejaban correctamente la situación del personal diplomático en el momento de cada nombramiento.
La normativa colombiana contempla los nombramientos provisionales, pero su utilización está sujeta a requisitos específicos. En un concepto sobre la materia, el Consejo de Estado explicó que esta modalidad es excepcional y que la Cancillería debe verificar si hay funcionarios de carrera disponibles antes de designar a una persona externa. También deben cumplirse los requisitos legales y respetarse el carácter transitorio del nombramiento.
Por tanto, el análisis no consiste en establecer si toda designación provisional fue irregular, sino en verificar las circunstancias particulares de cada caso y determinar si se cumplieron las condiciones previstas en la ley.
¿Cómo se habría generado el presunto detrimento fiscal?
Unidiplo solicitó que la Contraloría requiera al Ministerio de Relaciones Exteriores y a su Fondo Rotatorio la documentación necesaria para reconstruir las actuaciones administrativas y establecer los gastos relacionados con los nombramientos cuestionados.
Según el sindicato, el posible impacto económico no se limitaría a los salarios pagados a las personas designadas. También podrían examinarse otros conceptos asociados al servicio exterior, como:
- Tiquetes aéreos y traslados internacionales.
- Viáticos y gastos de instalación, cuando correspondan.
- Menaje doméstico y otras prestaciones aplicables.
- Costos de regreso a Colombia tras la anulación de un nombramiento.
- Eventuales pagos adicionales que, según la denuncia, podrían haber generado una duplicación de costos.
La organización considera que estos rubros deben cuantificarse para establecer si representaron pérdidas para el Estado. Sin embargo, que un nombramiento haya sido anulado no demuestra automáticamente que todos los gastos asociados constituyan un daño patrimonial.
Para determinarlo, la Contraloría tendría que examinar los pagos efectivamente realizados, su fundamento legal, las circunstancias de cada designación y la relación entre las actuaciones cuestionadas y el eventual perjuicio.
Más de 200 procesos judiciales, según Unidiplo
La organización sindical afirmó que entre 2022 y 2026 se promovieron más de 200 procesos de nulidad electoral relacionados con nombramientos de la Cancillería. Según su comunicado, una parte mayoritaria de las decisiones judiciales en estos casos favoreció las reclamaciones de funcionarios de carrera e incluyó la anulación de designaciones cuestionadas.
Esta cifra corresponde a la información divulgada por Unidiplo. Los reportes consultados no aportan un consolidado oficial independiente que permita verificar el número total de procesos, sus resultados individuales o el valor acumulado de los gastos relacionados.
Sí existen antecedentes concretos de decisiones judiciales que anularon nombramientos provisionales. En septiembre de 2024, por ejemplo, el Consejo de Estado declaró la nulidad de la designación de María Angélica Prada Uribe como consejera de relaciones exteriores en la misión de Colombia ante la OCDE, en París. La corporación determinó que, al momento del nombramiento, existía al menos un funcionario de carrera disponible para ocupar la plaza.
En abril de 2026, el Consejo de Estado también informó sobre la nulidad del nombramiento provisional de María Antonia Pardo Jiménez como consejera de relaciones exteriores en el Consulado General de Colombia en Santiago de Chile, por incumplimiento de los requisitos aplicables.
Estas decisiones respaldan la existencia de controversias judiciales reales sobre determinados nombramientos. No obstante, sus efectos se refieren a los actos examinados en cada proceso y no permiten concluir, por sí solos, que todos los nombramientos mencionados por el sindicato fueran ilegales o causaran un perjuicio económico.
¿Qué deberá establecer la Contraloría?
La queja busca que el organismo de control determine si hubo un daño cierto y cuantificable al patrimonio público, si ese daño puede atribuirse a una conducta de servidores públicos o particulares y si se cumplen los requisitos legales para declarar responsabilidad fiscal.
Para ello, será necesario revisar los actos administrativos de nombramiento, las certificaciones de disponibilidad de personal, los documentos presupuestales, los gastos asociados a cada designación y las decisiones judiciales correspondientes.
También deberá establecerse si las certificaciones cuestionadas fueron correctas y si existía una alternativa legal de nombramiento con personal de carrera disponible en cada caso.
Hasta que la autoridad competente adopte una decisión, las acusaciones deben mantenerse en el terreno de los señalamientos que requieren verificación. La presentación de una queja no equivale a la apertura confirmada de un proceso formal ni a una declaración de responsabilidad contra los exministros o los exdirectores mencionados.
Unidiplo sostiene que su actuación busca defender el mérito, la legalidad y el uso eficiente de los recursos públicos en el servicio exterior colombiano. La determinación de eventuales responsabilidades dependerá de las pruebas que se recauden y de las conclusiones de las autoridades competentes.
Preguntas frecuentes
¿Qué pidió Unidiplo a la Contraloría General de la República?
Unidiplo presentó una queja de responsabilidad fiscal para que se investigue si determinados nombramientos provisionales en la Cancillería ocasionaron un posible detrimento patrimonial. La organización pidió revisar las actuaciones administrativas, calcular los costos para el Estado y establecer si existe responsabilidad fiscal.
¿A qué excancilleres señala la queja de Unidiplo?
La queja menciona a los exministros Álvaro Leyva Durán, Luis Gilberto Murillo, Laura Sarabia y Rosa Villavicencio. También incluye a seis exdirectores de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores.
¿La queja de Unidiplo demuestra que hubo detrimento patrimonial?
No. La queja únicamente solicita una investigación y no constituye una decisión de la Contraloría ni prueba por sí misma que los funcionarios señalados hayan causado un daño patrimonial.Cancillería de Colombia
