El expresidente defendió el cumplimiento integral del Acuerdo de Paz de 2016 y advirtió que los problemas de seguridad no son consecuencia del pacto, sino de su implementación incompleta. El Gobierno sostiene que la política rural debe quedar bajo la responsabilidad permanente del Estado colombiano.
El expresidente Juan Manuel Santos cuestionó la propuesta del Gobierno de Abelardo de la Espriella de retirar la Reforma Rural Integral del mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.
La solicitud fue presentada el lunes 12 de octubre de 2026 por el canciller Omar Bula ante el Consejo de Seguridad de la ONU, durante la sesión en la que se examinó el informe trimestral sobre la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las antiguas Farc.
En declaraciones al programa 6AM W de Caracol Radio, Santos defendió la obligación del Estado de cumplir lo pactado y manifestó reparos frente a la interpretación del Gobierno sobre los resultados del acuerdo y la situación de seguridad del país.
Santos: la inseguridad no es consecuencia del Acuerdo de Paz
Uno de los principales cuestionamientos del expresidente estuvo relacionado con la posibilidad de atribuir al Acuerdo de Paz la persistencia de la violencia y los problemas de seguridad en Colombia.
Santos sostuvo que la falta de implementación de lo pactado ha contribuido a que continúen las dificultades en los territorios. En su conversación con Caracol Radio, afirmó:
«Cuando el canciller dice que no se reflejan las cifras ni en realidad de este gobierno, en cierta forma da a entender que el Acuerdo de Paz es, en alguna forma, responsable por la situación de seguridad que hoy sufre el país, ahí es donde creo que hay una discrepancia con el propio Consejo de Seguridad, que se lo han dicho varias veces a Colombia en esta ocasión y en ocasiones anteriores. La situación de seguridad o de inseguridad del país no es producto del acuerdo de paz, es producto de la falta de implementación del acuerdo de paz».
El exmandatario también destacó el acompañamiento de Naciones Unidas al proceso de desarme y a la implementación del acuerdo durante la última década.
Para Santos, el fortalecimiento de la seguridad y el cumplimiento de los compromisos de paz no son objetivos incompatibles. Por el contrario, consideró que la implementación integral puede contribuir a recuperar el control territorial y mejorar las condiciones de vida de las comunidades afectadas por el conflicto.
¿Por qué el Gobierno quiere retirar la reforma rural de la verificación de la ONU?
El canciller Omar Bula explicó ante el Consejo de Seguridad que la Reforma Rural Integral tiene una naturaleza distinta a los otros componentes que actualmente supervisa la misión internacional.
«La Reforma Rural Integral, por su parte, tiene una naturaleza distinta. Incorporada al mandato de la Misión en 2023, constituye una política pública estructural, multisectorial y de largo plazo, cuya implementación debe integrarse adecuadamente a la institucionalidad permanente del Estado colombiano», afirmó el funcionario.
El Gobierno argumenta que las políticas de acceso a la tierra, formalización de la propiedad, desarrollo productivo e infraestructura rural deben ser responsabilidad de las instituciones colombianas de manera permanente.
Según la Cancillería, Colombia cuenta con herramientas normativas e institucionales para continuar con esos programas sin que sea indispensable mantener un mecanismo extraordinario de verificación internacional sobre ese componente.
Bula aclaró que la propuesta no pretende eliminar la obligación sustantiva del Estado de cumplir el acuerdo, sino modificar el mecanismo internacional encargado de verificar parte de su implementación.
El Ejecutivo propone que la misión concentre sus labores en dos componentes: la reincorporación económica, social y política de los antiguos integrantes de las Farc y las garantías de seguridad para los excombatientes, las comunidades y las organizaciones en los territorios.
Santos considera que excluir la reforma rural no sería lo más grave, pero insiste en cumplir lo pactado
Aunque cuestionó las interpretaciones del Gobierno sobre el Acuerdo de Paz, Santos matizó sus reparos frente a la propuesta de retirar la Reforma Rural Integral de la verificación internacional.
El expresidente señaló que este componente no formaba parte del mandato original de la misión y que su incorporación se produjo en 2023, durante el Gobierno de Gustavo Petro. Por eso, consideró que modificar el alcance de la supervisión internacional no sería necesariamente el aspecto más grave de la discusión.
Sin embargo, insistió en que el Estado colombiano debe cumplir los compromisos que asumió al firmar el acuerdo.
«Colombia es un país soberano que hace compromisos y que el mundo entero y los colombianos esperamos que cumplan», expresó Santos en la entrevista con Caracol Radio.
Su posición distingue entre la obligación de implementar la reforma rural y la existencia de un mecanismo internacional específico para verificarla. El hecho de que la misión deje de supervisar ese componente no eliminaría, por sí mismo, las obligaciones adquiridas por el Estado.
¿Qué verifica actualmente la Misión de la ONU en Colombia?
La Misión de Verificación de las Naciones Unidas fue establecida por el Consejo de Seguridad en 2016 para acompañar y verificar compromisos relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz.
En enero de 2023, mediante la Resolución 2673, el Consejo amplió su mandato para incluir la Reforma Rural Integral, correspondiente al primer punto del acuerdo.
Actualmente, sus labores comprenden tres componentes principales:
- Reforma Rural Integral: acceso a la tierra, formalización de la propiedad y transformación de las condiciones de las zonas rurales.
- Reincorporación de excombatientes: seguimiento a su transición hacia la vida civil y a su integración económica, social y política.
- Garantías de seguridad: verificación de medidas de protección para quienes dejaron las armas, las comunidades y las organizaciones en los territorios.
La propuesta del Gobierno busca retirar el primer componente del mandato de verificación, mientras mantiene los otros dos.
El Consejo de Seguridad tendrá la última palabra
La petición colombiana no modifica automáticamente las funciones de la misión. La decisión corresponde al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que debe evaluar la propuesta en el marco de la revisión del mandato.
La discusión ocurre en un momento clave para el seguimiento internacional del Acuerdo de Paz, que cumple una década en noviembre de 2026.
Mientras el Gobierno de De la Espriella defiende una mayor responsabilidad de las instituciones nacionales en la política rural, Santos insiste en que el cumplimiento integral del acuerdo es una obligación del Estado y una herramienta que puede contribuir a mejorar las condiciones de seguridad.
El resultado de la revisión determinará si la ONU continúa verificando la Reforma Rural Integral o si concentra su mandato en los componentes de reincorporación y garantías de seguridad.
Preguntas frecuentes
¿Por qué Juan Manuel Santos cuestionó la propuesta de retirar la Reforma Rural Integral de la verificación de la ONU?
Santos sostuvo que Colombia debe cumplir integralmente los compromisos asumidos en el Acuerdo de Paz de 2016. También afirmó que la inseguridad no es consecuencia del acuerdo, sino de su implementación incompleta.
¿Qué argumentos presentó el Gobierno para retirar la Reforma Rural Integral del mandato de la ONU?
El canciller Omar Bula explicó que la reforma rural es una política pública estructural, multisectorial y de largo plazo. Según el Gobierno, su ejecución debe quedar bajo la responsabilidad permanente de las instituciones colombianas, sin un mecanismo extraordinario de verificación internacional.
¿Qué componentes seguiría verificando la Misión de la ONU en Colombia?
El Gobierno propone que la misión concentre su labor en la reincorporación económica, social y política de los antiguos integrantes de las Farc. También continuaría verificando las garantías de seguridad para excombatientes, comunidades y organizaciones en los territorios.
