El Gobierno Nacional publicó un borrador de decreto para modificar la fórmula con la que se calcula el deslizamiento del salario mínimo en las pensiones de renta vitalicia. La propuesta del Ministerio de Hacienda busca eliminar el componente asociado a la inflación y utilizar únicamente el promedio del crecimiento real de la productividad de los últimos 10 años.
El cambio podría modificar el capital necesario para financiar estas pensiones y la distribución de los riesgos financieros entre el Estado y las compañías aseguradoras. Sin embargo, el documento está en etapa de comentarios y todavía no es una norma definitiva.
¿Qué cambiaría en la fórmula para calcular las pensiones?
La regulación vigente establece que, para calcular el deslizamiento del salario mínimo, se toma el mayor valor entre dos indicadores: el promedio del crecimiento real de la productividad de los últimos 10 años y el 35 % del promedio de la inflación durante ese mismo periodo.
El nuevo borrador propone eliminar el segundo indicador y utilizar exclusivamente el promedio del crecimiento real anual de la productividad de la última década.
En términos sencillos, la inflación dejaría de formar parte de esa fórmula específica. Esto podría modificar las proyecciones sobre el crecimiento futuro del salario mínimo y el capital requerido para financiar una renta vitalicia.
El efecto definitivo dependerá de los parámetros que se adopten y de los cálculos aplicables a cada caso. Por ahora, al tratarse de una propuesta, no puede afirmarse que el cambio ya esté vigente.
El capital necesario pasó de $350 millones a $550 millones
La discusión tomó fuerza después de que se divulgaran cálculos según los cuales financiar una renta vitalicia equivalente a un salario mínimo requería alrededor de $350 millones en 2025 y $550 millones en 2026.
La diferencia es de aproximadamente $200 millones, equivalente a un aumento cercano al 57 %.
Estas cifras corresponden a estimaciones divulgadas en 2026 y no significan que todos los trabajadores deban reunir exactamente ese capital. El monto necesario depende de los supuestos financieros utilizados y de las condiciones particulares de cada pensión.
El debate se intensificó tras el aumento del salario mínimo mencionado en los reportes de la época, que quedó en $1,75 millones, más un auxilio de transporte de $249.095 para quienes tienen derecho a recibirlo.
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, cuestionó anteriormente los efectos de los cambios en esta metodología y advirtió que el costo de un incremento elevado del salario mínimo podría trasladarse a los trabajadores, dificultando que algunas personas accedan a una renta vitalicia con el capital disponible.
¿Cómo se repartirían los costos entre el Gobierno y las aseguradoras?
El borrador contempla un mecanismo de cobertura que distingue tres escenarios, según la diferencia entre el aumento efectivo del salario mínimo y el valor proyectado.
- Cobertura positiva: se presenta cuando el salario mínimo aumenta más de lo previsto y surge una diferencia que, de acuerdo con el mecanismo aplicable, debe cubrir el Estado.
- Cobertura negativa: ocurre cuando el aumento resulta inferior al proyectado. En ese escenario, las aseguradoras tendrían que devolver recursos o ajustar las reservas conforme a las condiciones establecidas.
- Cobertura neutra: se produce cuando el aumento coincide con el valor proyectado. En ese caso, no habría transferencias adicionales por diferencias entre las partes.
El objetivo es distribuir las consecuencias financieras de las variaciones del salario mínimo entre el Estado y las compañías aseguradoras. La modificación de la fórmula podría cambiar el tamaño de las diferencias que se generan y, por tanto, las obligaciones asociadas a esa cobertura.
¿Las aseguradoras podrían renegociar contratos existentes?
El proyecto incluye una disposición transitoria que permitiría a las aseguradoras renegociar y ajustar contratos de pensión celebrados bajo las reglas anteriores, siempre que se cumplan las condiciones previstas en el borrador.
El documento no precisa cuántos contratos podrían verse afectados ni establece de manera detallada cómo cambiarían las condiciones particulares de cada uno. Por eso, el alcance de esta medida dependerá del texto definitivo y de su aplicación.
Otro punto previsto es que el Ministerio de Hacienda transfiera los recursos correspondientes sin reconocer intereses por el tiempo transcurrido entre enero y la fecha del pago. Esta disposición también forma parte de los aspectos que podrían ser objeto de discusión durante la revisión del proyecto.
Los cambios también alcanzan las inversiones de los fondos de pensiones
La propuesta sobre las rentas vitalicias se suma a otras iniciativas del Gobierno relacionadas con las reglas del sistema pensional. Entre ellas está la revisión de las restricciones a las inversiones en el exterior de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
En ese debate se ha planteado modificar los límites aplicables a las inversiones fuera de Colombia. Las administradoras han advertido que restringir las alternativas de inversión puede incidir en la diversificación y en la gestión de los ahorros de sus afiliados.
Se trata de una discusión distinta de la fórmula para las rentas vitalicias, aunque ambas iniciativas afectan las reglas bajo las cuales se administran los recursos pensionales.
Por ahora, el Gobierno propone eliminar el componente de inflación de la fórmula del deslizamiento del salario mínimo y calcularlo únicamente con el promedio del crecimiento real de la productividad de los últimos 10 años. El cambio solo tendrá efectos normativos cuando termine el trámite correspondiente y se expida la disposición definitiva.
Preguntas frecuentes
¿Qué propone cambiar el Gobierno en las pensiones de renta vitalicia?
Eliminar el componente del 35 % del promedio de la inflación de la fórmula del deslizamiento del salario mínimo y utilizar únicamente el promedio del crecimiento real de la productividad de los últimos 10 años.
¿Cuánto aumentó el capital estimado para financiar una pensión de un salario mínimo?
Según los cálculos divulgados en 2026, pasó de cerca de $350 millones en 2025 a alrededor de $550 millones en 2026, un aumento aproximado del 57 %. Son estimaciones y no un requisito idéntico para todos los pensionados.
¿La nueva fórmula ya está vigente?
No. La propuesta está contenida en un borrador de decreto publicado para comentarios. Su aplicación depende de que el Gobierno complete el trámite y expida una norma definitiva.
