La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Armando Benedetti y Angie Rodríguez para esclarecer si tuvieron conocimiento o participaron en un presunto plan que habría buscado obtener declaraciones de antiguos jefes paramilitares contra dirigentes políticos durante la campaña presidencial de 2026.
El caso, conocido como el «Pacto de Valledupar», está relacionado con reuniones realizadas el 24 y 25 de octubre de 2025 entre funcionarios del gobierno de Gustavo Petro y antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), designados como gestores de paz.
Según los señalamientos divulgados por Rodríguez, entonces funcionaria del Gobierno, el supuesto propósito habría sido conseguir que exjefes paramilitares relacionaran a Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras con estructuras ilegales. Estas afirmaciones son materia de investigación y no constituyen hechos judicialmente probados.
¿Por qué investiga la Procuraduría a Benedetti y Angie Rodríguez?
La apertura del proceso quedó consignada en un auto del 20 de octubre de 2026, emitido por la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría, con ponencia de la procuradora Patricia Carrillo Blanco.
La actuación se originó en una queja presentada por Pablo Bustos Sánchez, representante de la Red de Veedurías de Colombia, a partir de las declaraciones que Rodríguez entregó y que fueron publicadas por la revista Semana el 1 de agosto de 2026.
Para la época de los hechos investigados, Benedetti se desempeñaba como ministro del Interior y Rodríguez dirigía el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). La Procuraduría busca establecer si sus actuaciones podrían constituir faltas disciplinarias.
La apertura de la investigación no significa que Benedetti o Rodríguez hayan sido declarados responsables. Se trata de una etapa destinada a recaudar pruebas, reconstruir las circunstancias de las reuniones y determinar si existen elementos suficientes para atribuir responsabilidades.
Las reuniones con antiguos jefes paramilitares
Los hechos se remontan a octubre de 2025, cuando representantes del Gobierno se reunieron en Valledupar con antiguos comandantes de las AUC que habían sido designados gestores de paz.
Entre los funcionarios que, según los reportes publicados, participaron en las reuniones estaban Armando Benedetti, Angie Rodríguez, Víctor de Currea Lugo y Jorge Lemus, quien entonces encabezaba la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso confirmó la realización de encuentros con representantes del Gobierno, aunque sostuvo que sus propósitos no correspondían a la versión inicial relacionada con el cierre del Pacto de Ralito.
Las denuncias posteriores señalaron que durante esas reuniones se habrían planteado beneficios jurídicos y condiciones especiales para los antiguos comandantes. También surgieron señalamientos sobre la posibilidad de obtener testimonios que vincularan a dirigentes políticos con estructuras paramilitares.
La finalidad real de los encuentros, las propuestas que se discutieron y el alcance de los eventuales compromisos deberán establecerse a partir de los documentos, registros y testimonios que examinen las autoridades.
¿Qué pruebas ordenó practicar el Ministerio Público?
La Procuraduría dispuso recaudar información relacionada con las reuniones y adelantar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.
Entre las actuaciones previstas se encuentran:
- Recopilar información del Dapre sobre el comité técnico encargado de los asuntos relacionados con la mesa de diálogo social con antiguos integrantes de las AUC.
- Solicitar registros de asistentes, grabaciones, informes y otros documentos relacionados con los encuentros de octubre de 2025.
- Practicar las pruebas señaladas en el auto y adelantar las diligencias correspondientes.
- Incorporar los certificados de antecedentes disciplinarios de los dos investigados.
- Notificar formalmente la apertura del proceso a Benedetti y Rodríguez, quienes podrán rendir su versión de manera verbal o escrita.
La Procuraduría también dispuso la participación de funcionarios encargados de la práctica de pruebas y de personal de policía judicial adscrito a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales para una de las diligencias previstas.
Estas actuaciones buscan determinar qué ocurrió durante los encuentros, quiénes intervinieron y si hubo actuaciones que pudieran comprometer la responsabilidad disciplinaria de los entonces funcionarios.
Las denuncias sobre un supuesto plan contra dirigentes políticos
Las declaraciones de Rodríguez apuntaron a un presunto intento de utilizar las reuniones con antiguos comandantes paramilitares para obtener señalamientos contra figuras políticas en medio de la contienda electoral.
Los nombres mencionados fueron Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras. Sin embargo, la existencia de un plan con ese propósito debe ser demostrada mediante pruebas y no puede darse por establecida únicamente a partir de las declaraciones que dieron origen a la queja.
La investigación disciplinaria pretende establecer si Benedetti y Rodríguez conocieron o participaron en las actuaciones denunciadas. También deberá examinar los registros de las reuniones, las comunicaciones entre los participantes y cualquier documento relacionado con las instrucciones o compromisos que se habrían planteado.
La controversia tiene implicaciones políticas porque los señalamientos se refieren a supuestas gestiones realizadas durante el Gobierno Petro y en un periodo previo a las elecciones presidenciales de 2026. No obstante, la determinación de responsabilidades corresponde a las autoridades competentes y dependerá de la valoración de las pruebas.
¿Qué sigue en el proceso contra Benedetti y Rodríguez?
Los dos exfuncionarios deberán ser notificados formalmente de la apertura de la investigación y podrán presentar su versión de los hechos. La Procuraduría continuará con la práctica de pruebas para determinar si existen elementos que justifiquen avanzar hacia una eventual imputación disciplinaria o adoptar otra decisión procesal.
De acuerdo con la providencia citada en los reportes, contra la decisión de apertura no procede recurso. Esto no elimina el derecho de los investigados a ejercer su defensa durante el proceso.
Además de la actuación disciplinaria, la denuncia relacionada con el caso está en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, donde, según información divulgada sobre el expediente, es examinada por un equipo especializado.
Por ahora, no existe una decisión definitiva que establezca responsabilidad disciplinaria de Benedetti o Rodríguez por el llamado Pacto de Valledupar. El resultado dependerá de las pruebas que se recauden y de las conclusiones a las que lleguen las autoridades.
Preguntas frecuentes
¿Por qué investiga la Procuraduría a Armando Benedetti y Angie Rodríguez?
La Procuraduría busca establecer si los exfuncionarios conocieron o participaron en un presunto plan para que antiguos jefes paramilitares vincularan a dirigentes políticos con estructuras ilegales durante la campaña presidencial de 2026.
¿Qué es el llamado Pacto de Valledupar?
Es el nombre con el que se conoce la controversia por las reuniones realizadas en octubre de 2025 entre funcionarios del Gobierno Petro y antiguos comandantes de las AUC designados gestores de paz. Las denuncias apuntan a supuestos ofrecimientos y a la posibilidad de obtener declaraciones contra figuras políticas.
¿Benedetti y Angie Rodríguez ya fueron declarados responsables?
No. La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria para recaudar pruebas y esclarecer los hechos. La apertura del proceso no equivale a una sanción ni demuestra que los señalamientos sean ciertos.
