El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara una revisión de fondo de la política de paz que marcó la administración anterior. La iniciativa busca examinar los compromisos adquiridos, la ejecución de los recursos públicos y los resultados de las negociaciones con grupos armados y organizaciones criminales.

La Casa de Nariño sostiene que el nuevo enfoque debe priorizar la seguridad, el cumplimiento de la ley y los derechos de las víctimas. También plantea revisar las estructuras institucionales creadas para desarrollar los procesos de diálogo y determinar cuáles requieren cambios.

La decisión se produce después de que el Ejecutivo anunciara el cierre de las negociaciones abiertas durante el Gobierno de Gustavo Petro bajo la política de «Paz total». Según el balance financiero citado en los reportes oficiales, entre agosto de 2022 y junio de 2026 se ejecutaron $125.174 millones para sostener las distintas mesas y acercamientos.

Ahora, el Gobierno busca establecer qué compromisos deben revisarse, cómo se utilizaron esos recursos y cuáles serán las modificaciones institucionales que pretende impulsar. Para liderar esa tarea, el presidente recurrió a una funcionaria que ya había ocupado una cartera ministerial en su administración.

¿Qué dejó la política de «Paz total»?

La estrategia impulsada durante el Gobierno de Gustavo Petro incluyó negociaciones políticas con guerrillas y disidencias, además de conversaciones sociojurídicas con estructuras criminales urbanas. Para sostener esos procesos, el Estado financió delegaciones, transporte, esquemas de seguridad, honorarios y actividades logísticas.

De acuerdo con las cifras citadas en el informe, $107.572 millones se ejecutaron en negociaciones políticas con grupos armados, mientras que $17.601 millones se destinaron a conversaciones sociojurídicas con organizaciones criminales.

En el primer grupo estuvieron las mesas con el ELN, el Estado Mayor Central y sus escisiones, la Segunda Marquetalia, los Comuneros del Sur, el Estado Mayor de Bloques y Frentes y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

En el segundo se incluyeron acercamientos con organizaciones como los Shottas y Espartanos de Buenaventura, estructuras de Quibdó, combos del Valle de Aburrá, Los Pepes y Costeños de Barranquilla, el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

El funcionamiento de estas mesas requirió gastos de transporte, protección y coordinación. En las negociaciones políticas, los vuelos y los esquemas de seguridad de los delegados representaron cerca de $43.180 millones, según el balance citado.

Las conversaciones también incluyeron encuentros fuera del país. La mesa con el ELN tuvo rondas en La Habana, Ciudad de México y Caracas, mientras que el proceso con el Clan del Golfo incluyó viajes a Doha, Catar.

Estas cifras permiten dimensionar el costo de la política, aunque el monto ejecutado no demuestra por sí solo que cada gasto fuera irregular ni establece, de manera automática, el éxito o el fracaso de las negociaciones. Para determinarlo se requiere evaluar los objetivos, los resultados y las obligaciones asociadas a cada proceso.

Honorarios, logística y zonas de ubicación temporal

El balance financiero también incluye recursos destinados a negociadores, representantes, actividades de participación ciudadana y operación de las mesas.

Según el desglose citado, los honorarios de las negociaciones políticas sumaron $18.378 millones, mientras que los espacios urbanos registraron otros $6.677 millones. Entre los nombres mencionados en los reportes aparecen Parmenio Cuéllar, con $474 millones por su participación en la mesa con la Segunda Marquetalia; Gloria Cecilia Quiceno, con $341 millones, y Feliciano Valencia, con $117 millones.

La logística de las negociaciones políticas costó $12.712 millones y la de los espacios urbanos, $1.570 millones. La participación de la sociedad civil representó $12.146 millones, mientras que el Comité Nacional de Participación registró $9.164 millones.

El informe también señala que, de las cinco Zonas de Ubicación Temporal proyectadas, solo una llegó a funcionar: la ubicada en Valle del Guamuez, Putumayo, con un costo reportado de $1.043 millones.

Estas cifras forman parte del balance que el Gobierno busca examinar. Sin embargo, todavía no se han divulgado los resultados de una auditoría integral que permita establecer qué gastos fueron eficaces, cuáles requieren aclaraciones y qué decisiones administrativas se derivarán de la revisión.

El Gobierno anuncia el desmonte de la «falsa paz»

La administración de De la Espriella ha adoptado una posición crítica frente a la política de «Paz total». En su discurso, utiliza la expresión «falsa paz» para cuestionar los resultados de los procesos de negociación y advertir sobre lo que considera riesgos de impunidad, privilegios políticos y debilitamiento de la seguridad.

La Casa de Nariño anunció que revisará los compromisos pactados, la utilización de los recursos públicos y las estructuras burocráticas vinculadas con la implementación de la política. También señaló que promoverá las reformas que considere necesarias, dentro del marco de la Constitución y la ley.

«La paz no puede limitarse a discursos ni a concesiones que favorezcan a los criminales mientras las víctimas siguen esperando justicia y los colombianos exigen seguridad», señaló la Presidencia en su pronunciamiento.

No obstante, el comunicado no especificó cuáles serán las primeras medidas, qué apartados del Acuerdo de Paz serán objeto de revisión ni cuándo se presentarán los resultados. Tampoco detalló cómo se garantizará la continuidad de las obligaciones estatales que siguen vigentes.

Por eso, el alcance concreto del anunciado desmonte dependerá de las decisiones administrativas y jurídicas que adopte el Ejecutivo, así como de las reformas que eventualmente se tramiten por las vías legales correspondientes.

La funcionaria que tendrá a cargo la revisión

La responsabilidad recaerá en Viviane Morales Hoyos, quien dejó la dirección del Ministerio de Educación el pasado 31 de agosto y regresará al Gobierno para asumir una nueva función.

La Casa de Nariño anunció su designación como consejera comisionada de Paz. Además, Morales estará encargada de la dirección de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.

Desde esos cargos deberá coordinar la evaluación de los compromisos pactados, revisar los resultados de las políticas relacionadas con el proceso de paz y examinar la destinación de los recursos públicos. La tarea también contempla identificar cambios institucionales que el Gobierno considere necesarios.

Su regreso se produce en un momento en el que el Ejecutivo busca diferenciar su política de seguridad y negociación de la estrategia que aplicó la administración anterior.

Sin embargo, todavía no se conoce el cronograma detallado de la evaluación ni el alcance jurídico de las medidas que propondrá Morales. Tampoco se han presentado conclusiones específicas que permitan establecer cuáles compromisos podrían modificarse y cuáles deben mantenerse por obligaciones legales.

¿Qué puede cambiar en la implementación del Acuerdo de Paz?

La revisión anunciada plantea interrogantes sobre la continuidad de los programas, el funcionamiento de las entidades responsables de la implementación y la forma en que se evaluarán los resultados de los compromisos adquiridos con las antiguas Farc.

El Gobierno afirma que pretende orientar la política hacia la seguridad, la legalidad y la reparación de las víctimas. Para ello, deberá precisar qué programas serán evaluados, cómo se determinará la eficacia de los recursos invertidos y qué modificaciones pueden adoptarse sin desconocer las obligaciones constitucionales y legales del Estado.

También será necesario distinguir entre los procesos de negociación que el Ejecutivo decidió cerrar y los compromisos de implementación del Acuerdo de Paz que continúan sujetos a obligaciones estatales.

La revisión no significa, por sí sola, que todos los compromisos puedan eliminarse mediante una decisión administrativa. El alcance de cada cambio dependerá de su naturaleza jurídica y de los procedimientos requeridos.

La misión de Morales será, por tanto, convertir los anuncios de revisión en un diagnóstico concreto y en propuestas institucionales verificables. El Gobierno aún debe precisar las medidas, los plazos y los criterios con los que evaluará la política que denomina «falsa paz».

Preguntas frecuentes

¿Qué cargo ocupará Viviane Morales en el Gobierno de Abelardo de la Espriella?

Fue designada como consejera comisionada de Paz y estará encargada de la dirección de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.

¿Cuál será la misión de Viviane Morales?

Deberá coordinar una revisión de los compromisos de paz, evaluar los resultados de las políticas relacionadas con su implementación y examinar el uso de los recursos públicos, según los lineamientos anunciados por la Casa de Nariño.

¿Qué significa el desmonte de la «falsa paz»?

Es la expresión utilizada por el Gobierno de De la Espriella para describir su intención de revisar y reformar la política de paz anterior. El alcance de los cambios todavía debe concretarse y estará sujeto a la Constitución, la ley y las obligaciones estatales vigentes.