La Fiscalía General de la Nación enfrenta cuestionamientos por la presunta modificación de los delitos imputados a 11 integrantes de la llamada Primera Línea en Bogotá y por la presentación de acuerdos judiciales que podrían reducir sus responsabilidades penales. La denuncia fue publicada este sábado 7 de noviembre de 2026 por la revista Semana, con base en testimonios de asistentes a una reunión interna y documentos de la entidad. Hasta ahora, no se ha acreditado judicialmente que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, haya impartido directamente la orden.

Según la investigación periodística, durante una reunión realizada en junio pasado se habría planteado cambiar el delito de terrorismo por el de asonada en los procesos contra los manifestantes. Los 11 investigados son señalados por hechos ocurridos durante las protestas en Bogotá, entre ellos ataques contra buses y estaciones de TransMilenio, daños a bienes públicos y amenazas contra ciudadanos.

Las fiscales que estaban a cargo del expediente se habrían opuesto a modificar la imputación o a solicitar un principio de oportunidad, figura que permite suspender o renunciar a la persecución penal bajo determinadas condiciones legales.

Posteriormente, Camargo firmó la Resolución 0171 del 16 de junio de 2026, con la que creó un grupo de tareas especiales en la Unidad de Justicia Restaurativa y ordenó trasladar el proceso a otro equipo. Tras ese cambio, la Fiscalía presentó acuerdos judiciales para los 11 procesados, con penas negociadas de entre cinco y siete años de prisión.

En algunos casos, la propuesta eliminó el delito de terrorismo. En otros, redujo la participación atribuida de autores a cómplices. Siete de los 11 investigados aceptaron los cargos incluidos en las negociaciones, de acuerdo con la información conocida hasta ahora.

TransMilenio y la Universidad Nacional, reconocidos como víctimas dentro del proceso, cuestionaron los acuerdos porque fueron informados aproximadamente 12 horas antes de la audiencia. Ambas entidades también objetaron que las propuestas describieran hechos graves, pero sostuvieran que no había elementos suficientes para configurar el delito de terrorismo.

Una jueza autorizó que la audiencia se realizara de manera reservada. Por esa razón, las instituciones interpusieron una acción de tutela para reclamar mayor transparencia. El caso continúa bajo revisión judicial, mientras las denuncias sobre una eventual intervención de la fiscal general deberán ser establecidas por investigaciones formales y decisiones de los jueces.