La Fiscalía abrió una noticia criminal para determinar si varias contrataciones realizadas durante el gobierno de Gustavo Petro cumplieron los requisitos legales y si funcionarios públicos conocían eventuales irregularidades en esos procesos. Entre los casos revisados aparecen contratos suscritos por Jessica Tatiana González con entidades estatales entre 2022 y 2026, cuyos soportes y mecanismos de supervisión fueron cuestionados en documentos examinados por El Colombiano.

González, tecnóloga en gestión administrativa, comenzó a figurar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) el 21 de diciembre de 2022, cuando firmó con el Ministerio de Salud un contrato por $13.257.864. El objeto era apoyar labores de gestión documental y atención de peticiones relacionadas con el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19.

De acuerdo con la publicación, los informes presentados para justificar algunos pagos describían las actividades de manera general y, en ciertos casos, no incluían soportes detallados. Pese a ello, los documentos fueron aprobados por los supervisores de los contratos.

En 2024, González fue vinculada a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para apoyar la formulación, el seguimiento y la evaluación de planes institucionales. En esa entidad también se habrían encontrado casillas sin diligenciar y falta de documentos que permitieran verificar con suficiencia las tareas ejecutadas.

El caso tomó relevancia en medio de las denuncias de Deicy Jiménez, quien asegura que habría recibido contratos a cambio de favores sexuales y que otras mujeres habrían sido vinculadas bajo condiciones similares. La Fiscalía la citó para declarar el 10 de noviembre de 2026, en Colombia, con el fin de establecer si sus señalamientos tienen consecuencias penales o administrativas.

Además, en 2026, una solicitud de contratación directa firmada por Nhora Mondragón, entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, contempló contratar a González por $46.975.500. Las funciones incluían consolidar información, proyectar comunicaciones, hacer seguimiento a actuaciones internas y actualizar bases de datos.

Hasta ahora, no existe confirmación pública de una relación entre González y Petro ni de que sus contratos estén vinculados con favores sexuales. González no había respondido a la solicitud de comentarios de El Colombiano. La Fiscalía deberá establecer los hechos con respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia.