Los ataques con drones cargados de explosivos dejaron 20 personas muertas y 95 heridas en Norte de Santander hasta el 20 de noviembre de 2026, de acuerdo con un balance de la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos (Corporeddeh). La mayoría de los hechos se concentró en la región del Catatumbo, donde grupos armados ilegales han empleado estos artefactos contra objetivos de la Fuerza Pública y zonas habitadas.
Según el reporte, durante el año se documentaron 62 acciones atribuidas a organizaciones armadas. Entre las víctimas mortales hay 15 integrantes de la Fuerza Pública y cinco civiles. De los heridos, 44 son uniformados y 51 ciudadanos.
Tibú registró 28 ataques, equivalentes al 45,2 por ciento del total departamental, mientras que en El Tarra se reportaron 16. En conjunto, ambos municipios concentraron 44 hechos, es decir, el 71 por ciento de los casos documentados.
Ante el agravamiento de la situación, la Defensoría del Pueblo emitió el 22 de noviembre, en hora colombiana, la Alerta Temprana de Inminencia 030 de 2026 para la zona rural de Sardinata. La advertencia cobija los corregimientos de Luis Vero y San Martín de Loba, donde viven aproximadamente 3.000 y 2.400 personas, respectivamente.
La entidad advirtió que los drones están siendo utilizados de manera sistemática con cargas explosivas cerca de áreas residenciales, centros educativos y lugares de culto. En las últimas semanas se reportó la presencia de artefactos en inmediaciones del parque principal de Luis Vero, la parroquia San Martín de Porres, la Institución Educativa La Divina Esperanza, la escuela de Planadas-Luis Vero y la vereda Corinto.
Un ataque ocurrido el 19 de octubre dejó al menos cinco civiles heridos y provocó daños en viviendas campesinas. El episodio más grave de las últimas semanas se registró el 12 de noviembre en la vereda Barco La Silla, en Tibú, donde cuatro militares murieron y cinco resultaron heridos tras la caída de explosivos lanzados desde drones.
Entre el 12 y el 21 de noviembre, la Defensoría contabilizó además 17 hechos violentos en el Catatumbo, con cinco muertos y 17 heridos, así como secuestros, desplazamientos, amenazas y restricciones a la movilidad. Las autoridades aún no han atribuido oficialmente todos los ataques a una estructura específica. La Defensoría pidió medidas urgentes de protección, prevención y atención humanitaria para la población civil.




