Foto: Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico de Venezuela
El Acuerdo de Barbados no estaría funcionando para Venezuela, ni para el Gobierno ni para la oposición, incluyendo la desconfianza de los países mediadores y colaboradores con el proceso democrático venezolano. Sus propias violaciones del Acuerdo estarían poniendo en jaque de nuevo la situación económica del país.
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Tras la liberación de varios presos políticos, Estados Unidos vio buenas intenciones en el Gobierno de Nicolás Maduro de llevar a plenitud el Acuerdo de Barbados en miras de las próximas elecciones presidenciales. Por ello, decidieron aliviar algunas sanciones económicas impuestas contra varios sectores productivos del país como el minero, el petrolero y el del gas.
Sin embargo, la más reciente ratificación de la inhabilidad de la candidata presidencial María Corina Machado llevó a los norteamericanos a repensar qué tan comprometido está el régimen venezolano con el retorno de la democracia. Así, el Gobierno estadounidense decidió volver a instaurar las sanciones contra el sector minero y amenazar con hacer lo mismo con el petrolero y el del gas.
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Ante estas decisiones, el Gobierno de Maduro contestó a través de su Cancillería y de la Asamblea Nacional de Venezuela. El canciller Yvan Gil señaló estas determinaciones como “intentos de chantaje e intromisión en sus asuntos internos por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América que constituyen un ultimátum contra toda la sociedad venezolana”.
En la Asamblea, por su parte, el rechazo de este “ultimátum” se vinculó más a las peticiones de la oposición, que fueron señaladas como “aplausos del extremismo violento de los apellidos de las oligarquías nacionales de la ultraderecha fascista”. En lo que concuerdan las dependencias de Gobierno es en que se trata de intentos de “coerción y amenaza” con fines de desconocer las instituciones de la República y desestabilizar la economía del país.
