📸 Imagen cortesía: Comisión Séptima Senado de la República
¿Salud en vilo o reforma en marcha?
Este martes 23 de septiembre de 2025, la Comisión Séptima del Senado colombiano abrió nuevamente la puerta al debate sobre la reforma al sistema de salud, en un momento en que hospitales y clínicas se enfrentan a su peor crisis en años.
El Congreso de la República reactivó la discusión sobre el futuro de la salud pública, presentando tres ponencias con visiones enfrentadas. La primera, impulsada por el Centro Democrático, aboga por archivar la reforma. La segunda, respaldada mayoritariamente por el Gobierno Nacional, promueve una reforma que busca la sostenibilidad financiera del sistema, centrando las funciones en la entidad pública ADRES. La tercera, una propuesta alternativa firmada por las senadoras Norma Hurtado, Lorena Ríos y Ana Paola Agudelo, plantea mantener un esquema mixto con profundas transformaciones, presentada apenas la noche anterior al debate.
Este encuentro legislativo se produce en medio de una crisis que golpea con fuerza: deudas hospitalarias que acumulan montos considerables, colapso en los sistemas de citas y un desabastecimiento alarmante de medicamentos básicos. Voces tanto desde el Congreso como desde el sector salud alertan que la situación podría profundizarse si no se actúa pronto y con decisiones acertadas.
El ministro de Salud sostiene que esta reforma es la clave definitiva para rescatar la sostenibilidad financiera y asegurar una adecuada atención a los pacientes. Sin embargo, expertos en salud pública y sectores opositores cuestionan que la concentración de poderes en ADRES sea suficiente, así como temen que el enfoque estatal no aborde las fallas estructurales que prolongan la crisis.
La propuesta alternativa se distingue por apostar a un diseño mixto donde el Estado asume el riesgo financiero, mientras que nuevas entidades llamadas Gestoras de Salud y Vida (GSV), reemplazarían a las actuales EPS, encargándose gestionando la atención sin manejar directamente los recursos. Además, esta ponencia propone fortalecer los sistemas de información y auditoría para garantizar transparencia y agilidad en los pagos a los prestadores. Propone también la creación de nuevas fuentes financieras, como impuestos específicos sobre productos no saludables, un IVA social y un aumento progresivo del gasto público, con el fin de sanear las deudas y dignificar el trabajo del personal sanitario.
En medio de esta encrucijada, la ciudadanía observa con atención. La pregunta persiste: ¿Será esta reforma la respuesta que recupere un sistema flaqueante o solo aplazará un apagón inevitable? El Congreso tiene ahora en sus manos no solo el destino de la salud pública, sino la confianza de millones que esperan cuidados dignos sin más sombras.
