Movimiento sindical colombiano defendió conquistas laborales ante suspensión del alza del salario mínimo
El movimiento sindical colombiano se movilizó el viernes 2 de mayo en Bogotá y otras ciudades para rechazar la suspensión temporal del incremento del salario mínimo ordenada por el Consejo de Estado y exigir el respeto a derechos laborales consolidados. La jornada congregó a centrales obreras, federaciones de pensionados y distintos gremios que mantuvieron demandas por incremento salarial, ajuste en sistemas de pensiones y mejores condiciones de trabajo.
La marcha, liderada en la capital y replicada a nivel nacional, reunió a miles de manifestantes en sectores como la CUT, CTC y CGT, entre otras centrales sindicales, quienes también solicitaron un freno a los aumentos en tarifas de transporte en Cali, Medellín y Bogotá. Con la más reciente normativa (Ley 2466 de 2025), la expectativa central fue proteger el salario mínimo legal de dos millones de pesos, compuesto por $1.750.905 de salario base y $249.095 de auxilio de transporte, e implementar la jornada laboral máxima, fijada en 42 horas desde julio de 2026.
De acuerdo con fuentes institucionales, la controversia sobre el alza salarial surgió tras la suspensión cautelar argumentada por supuestas fallas del decreto presidencial que fija el incremento en un 23,78% para 2026. Las entidades sindicales reclamaron respeto e institucionalidad frente al acto administrativo enumerando, además, los avances contenidas en la Reforma Laboral: fortalecimiento del contrato a término indefinido y aumento en permisos remunerados obligatorios, procedimientos que corresponden exclusivamente al Estado colombiano.
La movilización de sindicatos y gremios fue convocada previamente por el Comando Nacional Unitario con llamadas a jornadas semejantes en México, Kuba, Panamá, El Salvador, Bolivia y Chile, evidenciando que estas protestas forman parte de un ciclo continental de demandas sociales articuladas alrededor de salario mínimo, empleos formales y defensa del poder adquisitivo en la región. La reducción gradual de horas y supervisión estatal sobre los procesos permanecen bajo seguimiento de las autoridades competentes.
