📸 Imagen cortesía: Senado de la República
¿Presupuesto en pugna?
Este 24 de septiembre de 2025, en el Congreso de la República en Bogotá, se abrió un debate que definirá la hoja de ruta económica del país: la discusión del Presupuesto General de la Nación para el año 2026, cifrado en 556,9 billones de pesos. Más que una cifra, este monto es el reflejo de múltiples tensiones políticas y sociales que se entrelazan en plena coyuntura preelectoral.
La discusión tiene lugar en las comisiones tercera y cuarta del Senado y la Cámara, con la presencia estelar del ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y la directora del Departamento Nacional de Planeación, Natalia Molina. El Gobierno defiende el presupuesto dentro del marco del equilibrio fiscal, aunque anuncia notables reasignaciones que buscan potenciar sectores estratégicos. Entre estos sobresalen incrementos de 100.000 millones para Comercio, 200.000 millones para Deportes, otros 200.000 en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y 50.000 millones para el Instituto Colombiano Agropecuario. Estas sumas provienen de recortes en defensas tradicionales como Defensa, Salud y la Rama Judicial, lo que ya ha provocado primeras señales de desconcierto y resistencia.
El debate va más allá de números. Bancadas opositoras y actores económicos plantean la urgencia de un presupuesto que atienda la demanda ciudadana por más inversión en infraestructura, salud y educación. El fondo del conflicto radica en la preocupación por el déficit fiscal y el temor compartido a una posible reforma tributaria que gravaría productos básicos, combustibles y salarios, afectando con especial crudeza a las clases medias y bajas. Es en este contexto que la Alianza Verde, con Olga Lucía Velásquez a la cabeza, propone un monto inferior —546 billones— como alternativa para evitar un aumento impositivo.
Mientras tanto, el Centro Democrático se mantiene en un punto intermedio, sugiriendo recortes que buscan equilibrar sin profundizar la carga fiscal. El Congreso se convierte, así, en un espacio de tensión donde el presupuesto no es solo una cuestión económica, sino un termómetro de los desafíos sociales y políticos que enfrenta Colombia.
¿Logrará este debate consolidar un presupuesto que responda a las necesidades urgentes sin erosionar la confianza ciudadana? ¿O acaso quedará en el limbo, dilatado por el juego político, mientras las demandas sociales se acumulan? La incertidumbre persiste, y el país observa con atención cómo se definen estas cuentas que pesan mucho más que cifras en papel.
