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El Gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica para direccionar recursos ante el déficit fiscal del 2026, con diputados y alcaldes pendientes del encendido debate que causan los nuevos impuestos.
El pasado 22 de diciembre, el presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 1390, habilitando al Ejecutivo a expedir normas de ingreso y gasto que buscan recaudar alrededor de 16 billones de pesos para sostener el Presupuesto General de la Nación de 2026. Esta medida se da tras el archivamiento de la ley de financiamiento por parte del Congreso el 9 de diciembre y estará sujeta a revisión por parte de la Corte Constitucional el 13 de enero de 2026.
Entre los cambios están políticas para ajustar el impuesto al patrimonio, diferenciando tarifas progresivas desde 1 hasta 5 por ciento en grandes concentraciones de capital. Se suman nuevas sobretasas al sector financiero y gravámenes sobre licor, cigarrillos, dispositivos de tabaco y apuestas en línea. Además, la minería y la industria petrolera tendrán un nuevo impuesto especial para favorecer la estabilidad fiscal. Germán Ávila, ministro de Hacienda, aclaró que no se modificarán algunos tributos como el 4×1.000 y apostó a un esquema impositivo solidario donde contribuyan más las personas con mayores riquezas.
El aumento artificial de esta carga impositiva busca contrarrestar curvas bajistas en sectores clave, como ocurre con la caída de precios del petróleo y el carbón, sumado a tipos inéditos de funciones públicas pendientes de pago, como 3,3 billones en salud y 3,7 billones en seguridad. La decisión intenta enfrentar riesgos provocados por reglas fiscales difíciles sobre nueva deuda y algunos bloqueos administrativos. Gustavo Petro justificó que sin estos cambios, Colombia enfrentarían «recortes drásticos», incluso habló de una crisis parecida a la extrema precariedad de una familia endeudada.
Sin embargo, los gremios económicos del país manifestaron su preocupación y rechazo puntual. Cámaras como Asobares apelaron contra el impuesto al licor, advirtiendo disminución en ventas, crecimiento del contrabando y pérdida de empleos en sectores turísticos y gastronómicos. Organismos como la AmCham, Andeg y la ANDI apuntaron dudas constitucionales ante estas capas tributarias que afectarían negativamente la inversión, los créditos bancarios y el gasto de los hogares en la reactivación económica.
La confrontación política se hace públicamente visible. lúcidamente,se reafirman partidos y líderes partidistas defendiendo o instando enfoques. El presidente de la Cámara, Julián López, confirma el respaldo a la norma, mientras el Senado ya tiene agenda futura para control político con cronología definida para el 26 de diciembre de 2025.
El Tribunal Constitucional tiene en sus manos validar o no la emergencia decretada, incluyendo decretos asociados. Podría suspender esas leyes temporalmente o hacer modificaciones parciales. Colombia se mantiene en un episodio de inquietud financiera estando su PIB proyectado entre 2,6 y 2,7 por ciento para el próximo año, acompañado de una deuda pública que supera el 60 por ciento del Producto Interno Bruto. Ante esta situación, los llamados a cautela y al cumplimiento aseguran no disminuir la atención en procurar anticipar la crisis y mitigar impactos socioeconómicos a la población.
