Cortesía D.R.A
Gobierno de Gustavo Petro confirma ausencia de ministros en debate en el Senado por emergencia económica
Este lunes 29 de diciembre, el Gobierno del presidente Gustavo Petro confirmó que no enviará a sus ministros al debate de control político convocado por el Senado de la República sobre el decreto de emergencia económica publicado la semana pasada. La decisión surge ante el incumplimiento del plazo constitucional de cinco días para responder un cuestionario enviado previamente.
El llamado al debate fue aprobado el viernes 26 de diciembre en una sesión extraordinaria liderada por el senador Carlos Fernando Motoa, del partido Cambio Radical. La discusión iba a abordar los detalles del decreto, que incluye ajustes presupuestales para enfrentar un déficit previsto de 16,3 billones de pesos en 2026, la venta de bonos TES por 23 billones de pesos a un solo comprador extranjero, y otras medidas fiscales tomadas por el Gobierno cuando fue aprobada la emergencia económica el pasado 22 de diciembre.
Armando Benedetti, ministro del Interior, explicó en entrevista que, según el artículo 155 de la Constitución, el Gabinete debía completar la respuesta al cuestionario antes de participar en el debate y por tanto, no asistirán a la sesión de este lunes. Benedetti expresó que el ministro de Hacienda responderá dentro del término legal y reconoció la existencia de una controversia política por esta situación. La comunicación oficial de la ausencia fue enviada también al presidente del Senado, Lidio García.
García señaló en Blu Radio que el Senado iniciará el control político pese a la ausencia y que adelantará una nueva fecha para cumplir con el plazo constitucional, posiblemente a partir del 3 de enero. Recordó a la ciudadanía que mientras esto sucede, la Corte Constitucional presenta vacancia judicial hasta el 13 de enero y será la entidad que decida finalmente sobre la constitucionalidad del decreto.
Por su parte, la oposición manifestó rechazo y ha acusado al Ejecutivo de «evadir el debate«. El senador que impulsó el llamado cuestionó la actitud oficial, calificándola como «cobardía» y precisó la necesidad de respuestas claras sobre las razones detrás de la emergencia. Otros congresistas argumentaron que el decreto se ampara en asuntos estructurales que deberían resolverse con facultades regulatorias ordinarias y no por medio de una declaración de emergencia.
El decreto 1390 vigente por 30 días ordena medidas económicas con fuerza de ley para mitigar la inestabilidad fiscal del país. La Alcaldía recomendó seguimiento atento de este proceso ante la importancia de evaluar los posibles impactos económicos derivados y la necesidad de que se cumplan los propios plazos legales para la transparencia administrativa.
