El exsecretario de la Fundación Universitaria San José aceptó haber autorizado los diplomas de Juliana Guerrero. Ella deberá comparecer esta semana ante un juez.
El escándalo por los títulos universitarios de Juliana Guerrero produjo su primera condena penal. Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, fue sentenciado a tres años de prisión por autorizar documentos académicos que contenían información contraria a la realidad.
El Juzgado 46 Penal del Circuito de Bogotá avaló el preacuerdo suscrito entre Gutiérrez y la Fiscalía. El antiguo directivo aceptó su responsabilidad como coautor del delito de falsedad ideológica en documento público y recibió, además, una inhabilidad para ejercer cargos públicos.
Según la Fiscalía, Gutiérrez autorizó dos diplomas y sus respectivas actas de grado, fechados el primero de julio de 2025. Los documentos acreditaban a Guerrero como tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y profesional en Contaduría Pública.
En los certificados se afirmaba que había cumplido todos los requisitos académicos y legales para graduarse. Sin embargo, la propia institución concluyó posteriormente que no encontró registros de su asistencia a clases, presentación de evaluaciones o actividad dentro de la plataforma virtual.
La Fundación San José anuló los dos títulos en noviembre de 2025, después de adelantar una investigación interna. La institución fue reconocida como víctima dentro del proceso penal, al argumentar que la expedición irregular de los documentos afectó su credibilidad y a la comunidad universitaria.
La condena contra Gutiérrez no significa que Juliana Guerrero haya sido declarada culpable. La exasesora del Ministerio del Interior enfrenta un proceso independiente por los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público y conserva su presunción de inocencia.
La Fiscalía sostiene que Guerrero habría utilizado los diplomas para respaldar su aspiración al Viceministerio de las Juventudes y que los registró en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, Sigep II, pese a conocer presuntamente las irregularidades. Ella ha sostenido que la expedición y validación de los títulos era responsabilidad de la universidad.
La audiencia de acusación contra Guerrero fue aplazada después de que no compareciera a la diligencia programada el 20 de agosto. El nuevo intento quedó fijado para el miércoles 9 de septiembre, a las 11:00 de la mañana, cuando la Fiscalía deberá exponer formalmente los cargos que pretende llevar a juicio.
El proceso permitirá establecer si la responsabilidad quedó concentrada en el antiguo secretario o si Guerrero conoció y utilizó deliberadamente los documentos falsos.
