El senador Juan Espinal se sumó al respaldo público del presidente Abelardo de la Espriella al coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, quien enfrenta en Estados Unidos un juicio civil relacionado con la muerte del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán durante la retoma del Palacio de Justicia.
Espinal afirmó que el Estado colombiano debe ofrecer acompañamiento jurídico y diplomático a los integrantes de la Fuerza Pública cuando sean procesados por actuaciones desarrolladas en cumplimiento de sus funciones constitucionales.
“El coronel Plazas Vega ha demostrado ante el país que es inocente”, señaló el congresista. También calificó como una persecución impulsada por sectores de “extrema izquierda” la demanda que se tramita en una corte federal de Miami.
El senador aseguró que el proceso buscaría llevar nuevamente a Plazas Vega a prisión. Sin embargo, el juicio estadounidense es de naturaleza civil: no contempla una condena de cárcel, sino una eventual indemnización económica si el jurado determina su responsabilidad.
La demanda fue presentada por las hijas de Carlos Horacio Urán. La familia sostiene que el magistrado salió con vida del Palacio de Justicia y que posteriormente habría sido torturado y ejecutado extrajudicialmente durante la operación militar de noviembre de 1985.
Plazas Vega niega esas acusaciones. La Corte Suprema de Justicia lo absolvió en 2015 dentro del proceso penal que enfrentó en Colombia por la desaparición de dos personas que salieron de la cafetería del Palacio. Esa decisión no resolvió específicamente las circunstancias de la muerte de Urán, asunto central del juicio en Miami.
El presidente De la Espriella ya les había ordenado al canciller Omar Bula y a la embajadora en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, revisar el expediente y brindar acompañamiento institucional al coronel retirado.
Espinal sostuvo que las decisiones de la justicia colombiana deben ser respetadas internacionalmente y anunció que continuará promoviendo iniciativas para fortalecer las garantías jurídicas de los integrantes de la Fuerza Pública.
El caso enfrenta dos posiciones: mientras el Gobierno y el senador invocan la absolución de Plazas Vega y la obligación de respaldar a los militares, las hijas de Urán reclaman que una justicia extranjera examine unos hechos que, según ellas, no fueron esclarecidos completamente en Colombia.
