Una fuerte controversia rodea al Ministerio de Educación por un proyecto de decreto que permitiría ampliar la participación de terceros en la administración de colegios oficiales. La propuesta contempla que entidades privadas puedan operar instituciones educativas públicas mediante contratos que podrían extenderse hasta por 12 años.

El borrador, actualmente en etapa de comentarios, modifica disposiciones del Decreto 1075 de 2015 y diferencia dos figuras: una relacionada con la contratación excepcional de la prestación del servicio cuando exista insuficiencia de capacidad oficial y otra mediante la cual un tercero podría colaborar con una entidad territorial en la administración u operación de un establecimiento educativo público.

Precisamente esa segunda posibilidad encendió las alarmas de sectores que consideran que el Gobierno estaría ampliando los modelos de concesión y abriendo camino hacia una privatización de la administración educativa.

El Ministerio sostiene una interpretación diferente. La ministra Viviane Morales aseguró que “no se trata de privatizar la educación” y explicó que el Estado conservaría la responsabilidad sobre la prestación del servicio y que las entidades territoriales simplemente podrían apoyarse en terceros para administrar determinados establecimientos.