La excandidata presidencia, Paloma Valencia, cuestionó la decisión de la Corte Constitucional de permitir nuevamente al Congreso subsanar los vicios de procedimiento encontrados en la reforma pensional y lanzó una dura advertencia sobre el futuro del sistema: aseguró que el nuevo modelo podría convertirse en una “bomba atómica pensional” que terminarían pagando las nuevas generaciones.

El pronunciamiento se conoce después de que la Corte decidiera devolver parcialmente la reforma a la Cámara de Representantes, para corregir problemas de trámite relacionados con un grupo específico de disposiciones. Es decir, el alto tribunal no ordenó repetir la discusión de toda la reforma ni declaró inexequible el proyecto completo, sino que abrió nuevamente la posibilidad de subsanar los vicios detectados.

Valencia manifestó su desacuerdo con esa determinación y sostuvo que se trata de una segunda oportunidad para una iniciativa cuyo trámite, según ella, estuvo rodeado de graves cuestionamientos. La dirigente del Centro Democrático vinculó además la aprobación de la reforma con el escándalo de corrupción de la UNGRD y aseguró que se habrían utilizado recursos públicos para conseguir votos de congresistas. Esta última es una acusación de Valencia y no una conclusión de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional.

La exsenadora también cuestionó uno de los pilares del nuevo modelo: la obligación de que las cotizaciones hasta determinado umbral ingresen al componente público administrado por Colpensiones. A su juicio, esto restringe la posibilidad que tenían los trabajadores de escoger entre el régimen público y el privado. Valencia sostuvo además que el cambio podría perjudicar a personas que cotizan durante años pero posteriormente pierden su empleo formal.

Pero su advertencia más fuerte estuvo relacionada con la sostenibilidad fiscal y el relevo generacional. Valencia afirmó que Colombia estaría pasando de una deuda que ya representaba una “bomba” a una “bomba atómica pensional”, al considerar que una población cada vez menor de jóvenes tendrá que financiar las prestaciones de una sociedad progresivamente más envejecida. Por ello pidió que la discusión que regresa al Congreso tenga en cuenta no solamente los derechos de los actuales trabajadores, sino la capacidad financiera del sistema en las próximas décadas.