El presidente Abelardo De La Espriella endureció su discurso contra la corrupción y lanzó una advertencia directa a quienes integran su Gobierno: cualquier funcionario que resulte involucrado en un escándalo deberá abandonar la administración y responder ante las autoridades. El mandatario aseguró que durante su Gobierno habrá “cero tolerancia” frente al manejo irregular de los recursos públicos.
El pronunciamiento se produjo en La Dorada, Caldas, durante la posesión de Jorge Eliécer Laverde Vargas como nuevo contralor general. Allí, De La Espriella aseguró que su administración actuará contra quienes hayan afectado el patrimonio público y afirmó que los responsables deberán ser identificados, denunciados y puestos en conocimiento de la justicia dentro de las competencias constitucionales del Ejecutivo.
El presidente volvió además sus críticas contra la administración de Gustavo Petro. De La Espriella sostuvo que durante el Gobierno anterior existieron desvíos de recursos destinados a emergencias, contratos presuntamente amañados y manejos irregulares en entidades públicas. Se trata de señalamientos del mandatario que deberán ser investigados y determinados por los organismos de control y la justicia. La semana anterior, el Gobierno entregó a Fiscalía, Procuraduría y Contraloría el denominado “Libro de la Verdad”, documento que reúne 23 asuntos identificados durante el proceso de empalme.
De La Espriella también pidió al nuevo contralor una vigilancia estricta del erario, pero señaló que el control fiscal no debe convertirse en un mecanismo de persecución política. Según el mandatario, la Contraloría deberá investigar cualquier posible detrimento “sin importar el color político” de quien esté involucrado y modernizar sus capacidades tecnológicas para vigilar cientos de billones de pesos públicos.
La advertencia pone ahora el foco sobre el propio Ejecutivo: después de prometer públicamente que un funcionario involucrado en un escándalo estará “para afuera y a responder”, el Gobierno tendrá el reto de aplicar ese estándar a sus propios integrantes si durante los próximos cuatro años aparecen cuestionamientos por corrupción.
