El presidente Abelardo De La Espriella, aseguró que las compañías aseguradoras comenzaron a pagar pólizas desde el primer día posterior al terremoto y anunció un acuerdo para acelerar las indemnizaciones a los damnificados. De esta manera, el Gobierno y las aseguradoras, cruzarán sus bases de datos para facilitar tanto el pago de seguros como la entrega de subsidios a las familias afectadas.
Las personas que sufrieron daños durante el terremoto del pasado 10 de agosto y cuentan con una póliza de seguros no tienen únicamente unos cuantos días para presentar su reclamación.
Ese fue uno de los principales mensajes entregados por el presidente Abelardo De La Espriella, después de reunirse con representantes del sector asegurador para coordinar su participación en la reconstrucción del país.
El mandatario aseguró que las compañías ya comenzaron a pagar pólizas correspondientes a inmuebles asegurados afectados por el terremoto.
“Lo están haciendo desde el día uno. Están pagando pólizas desde el momento mismo de la tragedia”, afirmó De La Espriella.
Y es que este trabajo mancomunado es particularmente importante, en tanto la dimensión de los daños. Según el último balance oficial, hay por lo menos 30.664 viviendas destruidas y 136.946 averiadas, además de 302 edificios colapsados y otros 5.809 con afectaciones.
¿Qué pasa si un edificio tiene varias aseguradoras?
Otro acuerdo busca solucionar un problema que puede presentarse especialmente en conjuntos residenciales y copropiedades.
Cuando un inmueble tenga coberturas contratadas con diferentes compañías, serán las propias aseguradoras las encargadas de coordinar entre ellas la atención del caso.
“No podemos trasladarle al ciudadano la carga de resolver trámites entre compañías”, sostuvo el presidente.
El objetivo es evitar que una familia afectada termine recorriendo distintas entidades tratando de establecer cuál debe responder.
Prioridad para hogares vulnerables
El Gobierno anunció además que durante el proceso de reconstrucción dará prioridad a los hogares de estratos 1, 2 y 3 y a las viviendas de interés social.
La prioridad, sin embargo, no modifica las obligaciones contractuales de las aseguradoras frente a quienes tengan pólizas vigentes. El Ejecutivo aseguró que los ciudadanos asegurados deberán recibir la atención correspondiente, mientras el Estado establecerá mecanismos de apoyo para quienes perdieron sus viviendas y no contaban con seguro.
Este último grupo representa un desafío enorme. De acuerdo con información de Fasecolda recogida esta semana, más del 90 % de las viviendas colombianas no cuenta con cobertura contra terremoto. En Cali y Valle del Cauca la penetración sería cercana al 12 %.
Con pérdidas preliminares que el Gobierno estima en más de $30 billones, las aseguradoras y reaseguradoras tendrán así un papel fundamental en determinar qué parte de la reconstrucción será asumida por el mercado asegurador y qué parte deberá financiarse con recursos públicos.
