Foto tomada de captura de video oficial circulado por el Ejercito en redes sociales

El brigadier general Juan Miguel Huertas dejará el servicio activo del Ejército Nacional, luego de que el Ministerio de Defensa aceptara formalmente su solicitud de retiro voluntario, mediante el Decreto 1252.

El oficial, quien acumuló más de 34 años de servicio militar y estuvo al frente del Comando de Personal del Ejército, había quedado en el centro de una investigación por la presunta filtración de información de inteligencia a grupos armados ilegales.

Su nombre apareció relacionado con los llamados archivos de alias ‘Calarcá’, cabecilla de las disidencias de las Farc, en una investigación adelantada por la Procuraduría General de la Nación.

El proceso también vinculó a Wilmar Mejía, director de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). De acuerdo con las indagaciones del Ministerio Público, ambos habrían tenido acceso y presuntamente entregado información clasificada relacionada con operaciones de la Fuerza Pública.

Entre los datos que habrían sido objeto de filtración estarían movimientos de tropas, operaciones militares previstas en Antioquia, el Catatumbo y el sur de Bolívar, así como códigos de frecuencias radiales utilizados por las autoridades.

Por este caso, la Procuraduría había ordenado inicialmente la suspensión provisional de los funcionarios durante tres meses, mientras avanzaba la recolección de pruebas. En ese proceso fueron escuchados varios exfuncionarios del Gobierno, entre ellos exministros de Defensa e Interior.

Sin embargo, posteriormente el Ministerio Público decidió no extender la suspensión cautelar, al considerar que no había elementos actualizados enviados por la Fiscalía Seccional de Medellín que permitieran establecer un riesgo inminente de interferencia en la investigación.

Ahora, con la aceptación de su retiro, Huertas culmina su carrera militar después de más de tres décadas dentro de las Fuerzas Militares.

La salida del oficial es una decisión administrativa y no determina su responsabilidad frente a las acusaciones que dieron origen a la investigación. El proceso disciplinario y las demás actuaciones judiciales relacionadas con la presunta filtración de información deberán continuar y serán las autoridades competentes las que establezcan si hubo o no responsabilidades.

El caso vuelve a poner bajo la lupa el manejo de la información de inteligencia y los controles dentro de las instituciones encargadas de la seguridad del país.