El presidente Abelardo De la Espriella anunció la firma de un decreto que levanta la suspensión general de los permisos para portar armas de fuego en Colombia. La decisión no autoriza el porte indiscriminado: cada ciudadano deberá acreditar los requisitos exigidos y recibir la aprobación de la autoridad militar competente.

“Esto no significa porte indiscriminado. Se mantienen controles estrictos, requisitos y permisos de las autoridades competentes. Lo que termina es la suspensión general que convertía la prohibición en regla”, explicó el mandatario al comunicar la medida.

El cambio desmonta la restricción nacional que había sido prorrogada por el Decreto 1482 del 31 de diciembre de 2025. Esa norma ordenaba mantener suspendidos los permisos de porte entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2026, aunque contemplaba excepciones por razones de urgencia o seguridad.

En términos prácticos, levantar la suspensión no convierte el porte de armas en un derecho automático. Los interesados deberán contar con un permiso vigente y cumplir los controles previstos en la legislación. Las autoridades militares conservarán, además, la facultad de suspender permisos en determinadas zonas o durante eventos que representen riesgos para el orden público.

De la Espriella justificó la decisión con cifras de la Fuerza Pública. Según el mandatario, entre el primero de enero y el 3 de septiembre fueron incautadas 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estarían relacionadas con actividades delictivas.

El presidente agregó que 980 de las armas incautadas estarían vinculadas con disidencias de las Farc, 551 con el Clan del Golfo y 339 con el ELN. Estas cifras fueron divulgadas por el Gobierno y aún deben conocerse los registros institucionales completos que permitan precisar cada clasificación.

La administración anterior defendió la suspensión general como una herramienta para reducir los riesgos de homicidios, lesiones y alteraciones de la convivencia. El nuevo Gobierno sostiene, en cambio, que la medida afectaba principalmente a quienes buscaban portar armas dentro de la legalidad, mientras las organizaciones criminales continuaban accediendo a armamento ilegal.

Aunque el presidente confirmó que firmó el decreto, su número, articulado y fecha exacta de entrada en vigor todavía deberán verificarse cuando el documento sea publicado oficialmente. Hasta entonces, los ciudadanos no deben asumir que sus permisos quedaron habilitados de manera automática.