El presidente Abelardo de la Espriella sancionó seis leyes durante su primer mes de Gobierno. Las normas incluyen medidas sobre autismo, delitos informáticos, educación, movilidad, seguridad alimentaria y reconocimiento de saberes ancestrales.

Aunque recibieron la firma del nuevo mandatario, los seis proyectos habían completado su trámite en el Congreso antes de su posesión y se encontraban pendientes de sanción presidencial. Por esa razón, no corresponden a iniciativas formuladas o tramitadas por la actual administración.

Una de las normas crea el delito autónomo de acceso abusivo a sistemas informáticos. La medida busca fortalecer la persecución penal contra quienes ingresen sin autorización a plataformas, cuentas o bases de datos protegidas.

Otra ley establece una política de atención integral para las personas con trastorno del espectro autista. La norma contempla acciones para facilitar el diagnóstico, la atención en salud, la inclusión educativa y el acompañamiento a las familias.

En educación, fue sancionada una ley que busca fortalecer las instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias públicas. También se convirtió en ley una iniciativa para reconocer y proteger conocimientos tradicionales y saberes ancestrales.

El paquete incluye disposiciones relacionadas con la seguridad alimentaria y el aprovechamiento de productos agrícolas. Su aplicación dependerá de la reglamentación, los recursos asignados y la coordinación entre el Gobierno nacional y las autoridades territoriales.

La sexta norma introduce modificaciones relacionadas con la movilidad y las restricciones vehiculares. Para conocer su impacto real será necesario establecer cómo será reglamentada y cuáles entidades territoriales deberán implementarla.

La sanción presidencial es el paso mediante el cual el jefe de Estado confirma una ley aprobada por el Congreso y ordena su promulgación. El presidente también puede objetar un proyecto por razones jurídicas o de conveniencia, como ocurrió con otra iniciativa que De la Espriella devolvió al Legislativo durante sus primeras semanas.

El balance muestra actividad en el despacho presidencial, pero todavía no permite medir la capacidad legislativa propia del nuevo Gobierno. Esa evaluación comenzará cuando el Congreso tramite y vote los proyectos presentados directamente por la administración De la Espriella.