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¿Paz en disputa?
Este miércoles 24 de septiembre de 2025, la senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, presentó una demanda ante la Sección Primera del Consejo de Estado para impugnar la Resolución 327 de 2025, una medida presidencial de Gustavo Petro que designa a exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como gestores de paz.
La controversia estalló en torno a una resolución que el Gobierno nacional promulgó semanas atrás. En ella, el presidente Petro nombró a exparamilitares desmovilizados para que actúen como agentes de reconciliación en zonas afectadas por el conflicto armado. Para Cabal, este acto administrativo viola numerosas disposiciones constitucionales —incluidos los artículos 6, 12, 13, 22, 29, 93, 121 y 189— y constituye una revictimización para las víctimas del conflicto. “La Presidencia ha emitido un acto administrativo que adolece de nulidad”, afirmó la senadora, advirtiendo sobre las consecuencias jurídicas y éticas de la decisión.
La demanda no solo busca la anulación de la resolución sino también la suspensión provisional de sus efectos, amparándose en lo previsto por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Cabal enfatizó que este recurso pretende proteger el Estado de Derecho y derechos fundamentales como la vida, la paz, la no repetición y la legalidad, al tiempo que solicitó al Tribunal que requiera a la Presidencia la documentación que pruebe la publicación oficial de la resolución.
Este episodio ocurre en el marco de la política pública llamada “Paz Total”, eje central del Gobierno Petro, cuyo propósito es incorporar a diversos actores armados al esquema de reconciliación nacional. Sin embargo, la inclusión de exparamilitares de las AUC, un grupo responsable de crímenes atroces en la historia reciente del país, ha agitado debates intensos y polarizados. ¿Puede la paz construirse sobre la presencia de quienes han sembrado terror? La senadora Cabal responde con un rotundo rechazo: “No permitiremos que se legitime la impunidad bajo el disfraz de un discurso humanitario”.
La sociedad colombiana sigue dividida ante esta problemática que refleja la tensión entre justicia y convivencia, memoria y olvido, reparación y reconciliación. Mientras el Consejo de Estado estudia la demanda, el país afronta una pregunta fundamental: ¿puede la paz ser plena sin enfrentar sus sombras?
