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La Corte Suprema mantiene vigente orden de captura internacional contra Carlos Ramón González
La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia ratificó este jueves la orden de captura internacional contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, manteniendo la medida de aseguramiento tras un falll regional de 23 páginas.
El pronunciamiento confirma la sentencia emitida el 14 de octubre de 2025, cuando se rechazó una tutela interpuesta por González para tumbar la orden de captura. Esta decisión garantiza que la circular roja de Interpol continúe activa y que los mecanismos de cooperación judicial internacional sigan vigentes para su localización en el extranjero.
Carlos Ramón González, quien fue mano cercana del presidente Gustavo Petro, es investigado por cohecho, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos en el caso de corrupción asociado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). De acuerdo con la Fiscalía, habría coordinado sobornos por en total 4.000 millones de pesos entregados a los congresistas Iván Name y Andrés Calle para facilitar agendas legislativas del gobierno, además de ordenar contratos millonarios a congresistas a través de la Ungrd.
Según el alto tribunal, hay elementos suficientes para mantener la orden de captura contra González, lo que ratifica su competencia por el carácter del vinculada del exfuncionario durante los hechos investigados. Además, fueron desvirtuados los argumentos de la defensa relacionados con la presunción de inocencia.
Con la orden firme, las autoridades colombianas están habilitadas para usar los canales diplomáticos y judiciales que permitan ubicar y extraditar a González. Reportes señalan que el exdirector se encuentra en Nicaragua donde solicitó asilo tras recomendación de un funcionario de la Embajada en Bogotá. El gobierno de Managua aceptó el asilo, señalando que es requerido por delitos de índole común.
La corte estrena velocidad en un caso cuyo alcance pone a prueba la responsabilidad penal de funcionarios presidenciales de alto perfil. Ante esta resolución, se espera que la cooperación internacional se mantenga firme para avanzar en los procesos judiciales pertinentes. La Fiscalía y la Fiscalía solicitan colaboración para localización y seguir con la judicialización.
